¿Es posible construir un “país milagro” a punta de decretos presidenciales sin que la república se convierta en simulacro? La pregunta no es retórica. Según el episodio de Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía, Abelardo de la Espriella, puntero en las encuestas tras la primera vuelta, ha diseñado un proyecto de gobierno que depende de tres pilares: una alianza sin fisuras con Estados Unidos, una bancada congresal ensamblada a partir de adhesiones partidistas y, sobre todo, una voluntad ejecutiva desinhibida, dispuesta a gobernar por decreto cuando la legislatura resista.
La fórmula no es nueva en la tradición política colombiana, pero su reactivación en 2026 merece examen con lentes que no sean meramente electorales. Tocqueville advertía que el despotismo democrático no siempre llega con bayonetas: a veces se presenta como eficiencia, como mano dura contra el caos, como promesa de orden veloz. El “país milagro” de De la Espriella encarna esa tentación. La promesa de resultados inmediatos, de una transformación casi milagrosa —el adjetivo no es casual—, supone una concepción del poder ejecutivo como motor único del cambio, con el Congreso reducido a comparsa y la oposición a obstáculo técnico.
La alianza con Estados Unidos, en particular con una administración Trump que ha tratado a sus “presidentes amigos” de América Latina con instrumentalidad notable, añade una variable de vulnerabilidad externa. La Silla Vacía documenta cómo esa relación asimétrica ha operado en otros casos: apoyo condicionado a lealtades personales, interrupción abrupta cuando el costo político supera el beneficio. Depender de Washington como “primer aliado extranjero” puede traducirse en soberanía prestada, no en alianza estratégica. Los colombianos hemos visto antes esta película; no siempre termina con el protagonista en pie.
El ensamblaje congresal que proyecta De la Espriella —recibir a los partidos que “le han cantado el apoyo”— revela, mutatis mutandis, una lógica de clientelismo institucional que contradice la retórica del cambio. Una bancada sólida construida sobre adhesiones oportunistas no garantiza gobernabilidad; produce dependencia y, en momentos de crisis, deserción masiva. La historia reciente del uribismo, del santismo y del petrismo demuestra que las mayorías artificiales se desinflan cuando la popularidad presidencial mengua. Sin una base programática auténtica, el “país milagro” se convierte en castillo de naipes.
Pero quizá lo más preocupante, según el reportaje, sea la advertencia que proviene de movimientos sociales y opositores: el temor a un regreso de la violencia estatal. Aquí la referencia de Hannah Arendt sobre el totalitarismo resulta pertinente no como descripción, sino como advertencia metodológica. Arendt distinguía entre terror y violencia: el terror destruye la esfera pública; la violencia estatal, cuando se normaliza, corroe la confianza en las instituciones. Si un gobierno se propone gobernar por decreto y percibe a la disidencia como enemigo interno, el salto de la fuerza legítima a la represión arbitraria puede ser rápido, casi imperceptible para quienes lo justifican como orden.
No se trata de equiparar a De la Espriella con regímenes que no ha instaurado. Se trata de leer sus propuestas con la seriedad que merecen. Cuando un candidato anticipa que gobernará por decreto, está diciendo que la deliberación legislativa le parece incómoda, que la separación de poderes es obstáculo en lugar de garantía. Esa premisa, llevada a sus consecuencias, erosiona el Estado de derecho que La Bitácora defiende como fundamento de la convivencia republicana.
La oposición tiene aquí una responsabilidad que no puede eludir. Temer un eventual autoritarismo no basta; se requiere ofrecer alternativa creíble, no mero rechazo. Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, insistía en que la democracia se defiende con instituciones, pero también con argumentos públicos que convenzan sin coaccionar. Si los sectores que temen a De la Espriella no logran articular una propuesta de país que trascienda el anti-espriesllismo, contribuirán, paradójicamente, a la concentración de poder que dicen combatir.
El próximo episodio del podcast examinará la Colombia del otro finalista. La comparación será necesaria, aunque insuficiente. Elegir entre dos proyectos no equivale a resolver el dilema institucional que enfrenta la república. Lo que está en juego en 2026 supera a los candidatos: es la pregunta por los límites del poder presidencial en una democracia fatigada. ¿Podemos los colombianos construir un país próspero sin sacrificar las libertades que hacen valiosa la prosperidad? La respuesta, si existe, no será milagrosa.