Hay una escena que condensa el estado de ánimo de la política colombiana de 2026 y no ocurre en el Congreso ni en la Casa de Nariño. Ocurre en una calle de Florencia, Caquetá, donde un vendedor ambulante de panela de 74 años, Luis Felipe Yagüe, ofrece su producto y un cliente lo rechaza. El motivo, según se difundió en redes, no es la calidad del dulce ni el precio: es la preferencia electoral del vendedor. El comprador, identificado como profesor y activista, habría anunciado que dejaba de comprar panela por el voto de Yagüe a favor de Abelardo de la Espriella, presidente electo para el periodo que se inicia el 7 de agosto de 2026.
El episodio se viralizó y produjo dos reacciones. La primera, una lluvia de solidaridad con el vendedor: según él mismo declaró, acumuló más de 3.000 mensajes en WhatsApp y numerosas llamadas en los días posteriores. La segunda, la decisión del presidente electo de invitarlo a la ceremonia de posesión, sufragando los gastos. La comunicación oficial, firmada por Yagüe y reproducida por Infobae Colombia, agradece la invitación y pide paciencia para responder los mensajes pendientes.
Lo que ese cruce de calles muestra no es una anécdota simpática. Es la confirmación de que en Colombia el disenso político se ha vuelto un costo personal. A un vendedor informal se le puede cerrar una clientela por una papeleta. A un elector se le puede sancionar socialmente por ejercer el voto. No hace falta que el Estado intervenga: basta con que la presión social opere en el mostrador, en la acera, en el aula. El profesor en cuestión, cuyas afirmaciones se conocieron por un video difundido en Facebook y replicado por Colprensa, no parece haber sido investigado ni sancionado por ninguna autoridad; el daño, en cualquier caso, ya estaba hecho.
De la Espriella capitalizó el hecho con precisión electoral. Definió el episodio como un caso de “odio político” y lo incorporó a su relato de campaña: el hombre sencillo víctima de la intolerancia progresista, acogido por el líder de los “Defensores de la Patria”. La operación es comprensible desde el marketing político y, en términos democráticos, legal. Pero merece una lectura más fría. Convertir a un vendedor de panela en símbolo de una cruzada contra el “odio” es también una forma de instrumentalización. El afectado real es Yagüe; el beneficiario político, el presidente electo.
Quedan al menos tres preguntas que el episodio deja abiertas. La primera, si la Defensoría del Pueblo o las secretarías de Gobierno departamentales tienen competencia para acompañar casos de discriminación política informal. La segunda, si la narración de “odio político” se traducirá en políticas públicas verificables durante el nuevo gobierno o quedará en repertorio discursivo. La tercera, más incómoda, es si el país está dispuesto a admitir que la polarización ya no se mide en plazas públicas ni en debates del Congreso, sino en transacciones cotidianas: una libra de panela, un café, un servicio.
Don Luis Felipe, por lo pronto, aceptó la invitación y viajará a Bogotá el 7 de agosto. Su presencia en la posesión será, para los simpatizantes del nuevo gobierno, la imagen de la Colombia profunda que abrazó a su presidente. Para los críticos, será la postal de un conflicto que el próximo gobierno hereda y que, sin镜体 institucional, seguirá resolviéndose en la acera.