El Ministerio de Vivienda designó a Mónica Saldarriaga como viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, según reportó La República. El nombramiento reabre una pregunta incómoda que el Gobierno no ha respondido con documentos:是否存在 un conflicto de intereses derivado de un desembolso de recursos públicos para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales —Ptar— en la que la funcionaria habría tenido participación directa.
El dato relevante no es el nombre ni el perfil profesional. Es la secuencia. Una persona vinculada a la gestión o promoción de un proyecto que recibe recursos del Presupuesto General de la Nación no debería, en principio, ser designada para administrar el mismo sector desde el cual se vigilarán esos recursos. Esa es la regla elemental de la Ley 2013 de 2019 y de los principios de moralidad y prevención del conflicto de intereses que el ordenamiento colombiano aplica a los servidores públicos.
La República abrió el interrogante sobre un posible conflicto de intereses. La redacción del medio es cauta: no afirma la existencia del conflicto, lo señala como hipótesis que el nombramiento vuelve plausible. Esa distinción importa, porque en Colombia las acusaciones de conflicto de intereses no se formulan como consignas: se documentan.
Lo que corresponde ahora es que el Ministerio de Vivienda publique tres documentos. Primero, el decreto de nombramiento con la declaración de bienes y rentas y la hoja de vida completa de la funcionaria, conforme al artículo 11 de la Ley 2013. Segundo, el concepto del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio —o de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia— sobre la posible incompatibilidad. Tercero, los actos administrativos que certificaron el desembolso a la Ptar en cuestión, con número de contrato, valor, fecha y entidad contratante, consultables en Secop II.
La viceministra del Agua no es una posición menor. Desde ese despacho se coordina la política de acueducto y alcantarillado, se gestionan los recursos del Viceministerio y se supervisan proyectos por cientos de miles de millones de pesos en municipios de categoría 5 y 6, donde la debilidad institucional hace más sensible cualquier opacidad. Según el Ministerio de Vivienda, la inversión en agua potable y saneamiento básico para 2026 supera los 2,6 billones de pesos, distribuidos en más de 600 proyectos. La escala del presupuesto exige un estándar de transparencia proporcional.
A este nombramiento se suma la oleada de designaciones en Vivienda, Cultura, Trabajo y Transporte que La República reseñó en la misma jornada. La frecuencia con que el Gobierno gira las carteras ministeriales —y los viceministerios que dependen de ellas— ha convertido los cambios de mando en rutina, y la rutina erosiona el escrutinio. Cuando un viceministerio cambia de titular cada pocos meses, el Congreso, los medios y la opinión pública pierden capacidad de seguimiento. Esa es una de las consecuencias menos visibles del deterioro institucional.
La cuestión de fondo no es si Saldarriaga es competente o carece de ella. Es si el procedimiento de selección respetó los filtros de transparencia que la función pública exige. El decreto 1083 de 2015, que compila el régimen de empleo público, obliga a verificar la inexistencia de conflictos de intereses antes de la posesión. Si esa verificación se hizo, debe constar por escrito. Si no se hizo, la posesión misma está viciada.
La Bitácora no prejuzga. Pero registra lo que los hechos muestran: un nombramiento que llega con una pregunta abierta, una cartera sensible y una funcionaria cuya idoneidad formal tendrá que demostrarse con papeles, no con declaraciones. En contratación pública, la confianza se construye con trazabilidad. Cualquier otra ruta abre espacio para la sospecha, y la sospecha, cuando es razonable, merece respuesta institucional antes que política.
Por ahora, la pelota está en la cancha del Ministerio de Vivienda. La respuesta no puede ser un comunicado: debe ser un expediente.