María Falk de Losada, rectora de la Universidad Antonio Nariño, reiteró el argumento que defienden las universidades privadas desde hace años: que son actores necesarios para satisfacer la demanda de educación superior que el sector público no cubre.
El planteamiento no es nuevo. Desde la expansión acelerada de instituciones privadas en los años 90, se repite el mismo discurso: complementariedad, cobertura, vocación regional. Lo que sí es relevante es cuándo se reitera y en qué contexto.
En medio del debate sobre financiamiento de la educación superior —que incluye discusiones sobre aranceles, créditos y subsidios—, las universidades privadas buscan posicionarse como solución, no como parte del problema. El argumento tiene lógica comercial: si el Estado reconoce que no puede solo, entonces el sector privado merece espacio, regulación clara y acceso a recursos públicos.
Pero hay tensiones no resueltas. ¿Cuál es la diferencia real entre una universidad privada que dice tener “vocación regional” y una que existe para maximizar ganancias? ¿Cómo se mide esa vocación? ¿Con qué criterios se asignan recursos públicos si se decide subsidiar demanda en lugar de instituciones?
La Bitácora no toma posición sobre si las universidades privadas son buenas o malas. Pero sí es importante que el lector sepa: cuando una institución privada habla de “impacto nacional” y “complementariedad”, está participando en una negociación de poder sobre quién define la educación superior en Colombia. Y esa negociación tiene ganadores y perdedores.
Lo que falta es claridad sobre los términos. No es suficiente que digan que atienden demanda. Hay que preguntarles: ¿a qué precio?, ¿con qué estándares?, ¿para quién exactamente?