La acusación formulada por el expresidente Álvaro Uribe contra Iván Cepeda el pasado domingo representa un quiebre en el lenguaje político nacional. No por la acusación en sí —la polarización colombiana ha normalizado imputaciones severas—, sino por la ausencia total de sustentación.
Según reportó La Nación, Uribe afirmó a través de redes sociales que Cepeda “promovió el asesinato de Miguel Uribe Turbay” y ha buscado que le ocurra lo mismo al expresidente. La acusación es de extrema gravedad: implicaría responsabilidad penal en homicidio o en incitación a la violencia. Sin embargo, Uribe no aportó un solo dato, fecha, comunicación, documento o testigo que sustentara la imputación.
Esta es la mecánica que ha caracterizado el debate político colombiano en los últimos años: la acusación sin prueba, la insinuación sin evidencia, el señalamiento que viaja por redes sociales y que, por su propia naturaleza, es imposible de refutar completamente. Quien acusa sin pruebas no busca convencer; busca contaminar el espacio público.
El contexto importa. Cepeda había participado horas antes en un acto político donde criticó al uribismo, refiriéndose a lo que caracterizó como años de confrontación política. Fue una crítica política convencional, dura pero dentro del marco de la campaña electoral. La respuesta de Uribe transformó una discrepancia política en una imputación criminal.
Desde la perspectiva institucional que defiende este medio, esto plantea un problema grave. Un expresidente que fue jefe de Estado tiene acceso a canales de denuncia formal: la Fiscalía General, la Procuraduría, los organismos de control. Si posee información sobre promoción de asesinatos, tiene la obligación legal de reportarla ante autoridades competentes, no de publicarla en X. El silencio procesal es, en este caso, más elocuente que cualquier comunicado.
Lo que se observa es el deterioro de la capacidad de discernimiento entre opinión política y acusación penal. Ambas tienen espacios legítimos en una democracia, pero no son intercambiables. Cuando un personaje político de la envergadura de Uribe borra esa línea, normaliza el comportamiento en otros actores. El efecto es acumulativo: cada acusación infundada vuelve más difícil que las acusaciones legítimas sean tomadas en serio.
Cepeda, por su parte, no ha respondido a las acusaciones con demandas formales ni con solicitudes de investigación penal. Ha optado por ignorarlas, lo que sugiere que las considera parte del ruido electoral. Esto también es problemático, porque deja sin consecuencias la imputación. En un Estado de derecho funcional, las acusaciones falsas o infundadas contra personas específicas deberían tener costo legal.
La pregunta que debería formularse es simple: ¿qué pruebas existen de que Iván Cepeda promovió el asesinato de Miguel Uribe Turbay? Si existen, deben presentarse ante la Fiscalía. Si no existen, la acusación carece de fundamento y expone a quien la formula a responsabilidad civil o penal por difamación.
El uribismo y el Pacto Histórico tienen diferencias políticas profundas sobre el rol del Estado, la justicia transicional, el modelo económico y la relación con gobiernos vecinos. Esas diferencias merecen debate riguroso. Pero cuando se reemplazan con imputaciones criminales sin fundamento, lo que se erosiona no es al adversario político: es la capacidad institucional de distinguir entre opinión y delito.
Colombia necesita campañas duras, pero dentro de los límites de la responsabilidad. Uribe tiene derecho a criticar a Cepeda. No tiene derecho a acusarlo de promoción de asesinatos sin prueba. Y la sociedad tiene el deber de exigir que esa línea se respete.