El expresidente Álvaro Uribe Vélez intensificó esta semana su crítica al gobierno mediante comparaciones con regímenes autoritarios latinoamericanos. A través de su cuenta en X, equiparó las políticas del presidente Gustavo Petro con las de Fidel Castro y Hugo Chávez, argumentando que destruyen tanto la empresa privada como la estatal.
Según reportó Infobea, Uribe sostuvo que la carga tributaria y la inseguridad impiden que las empresas inviertan y generen empleo. Citó el desempeño de Ecopetrol como evidencia de deterioro institucional, trazando un paralelo con la gestión de Petróleos de Venezuela bajo el chavismo. Estas son caracterizaciones propias del debate político de oposición en campañas electorales. Lo que requiere mayor escrutinio es la precisión de los datos que Uribe moviliza.
El expresidente mencionó que las masacres pasaron de 10 en 2010 a 54 en lo corrido de 2024, que la cocaína incautada o detectada en el mercado internacional aumentó de 150 toneladas en 2010 a 2.100 toneladas en 2024, y que Medicina Legal reporta más de 21.000 jóvenes asesinados durante el actual gobierno. Estas cifras merecen verificación independiente contra reportes oficiales de la Fiscalía, la Policía Nacional y organismos internacionales como la UNODC. Sin esa verificación, el debate público carece de anclaje factual.
El punto más delicado de las declaraciones de Uribe concierne a la Alta Guajira. Según sus publicaciones en X, cinco organizaciones armadas ilegales —ELN, disidencias de las Farc, Los Pachencas, Tren de Aragua y Clan del Golfo— estarían condicionando el voto de comunidades indígenas y rurales. Uribe afirmó que estos grupos “obligan a votar” por candidatos específicos e impiden campañas políticas de otros aspirantes en la región.
Esta acusación toca el núcleo de la integridad electoral. Sin embargo, Uribe no presentó en sus publicaciones evidencia documental que vincule directamente la operación de estos grupos con interferencia electoral sistemática. Tales afirmaciones, de ser investigadas, corresponden a autoridades judicales y de seguridad. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Registraduría Nacional son las instituciones competentes para verificar si existe coerción electoral en territorios específicos.
La pregunta legítima es distinta: ¿está el Estado colombiano controlando efectivamente la presencia de grupos armados en territorios rurales? ¿Hay interferencia criminal en procesos electorales? Estas son preguntas que la institucionalidad debe responder con datos verificables, no con descalificaciones. Que Uribe las formule es derecho de un ciudadano. Que las formule sin respaldarlas en reportes públicos de organismos de control es un riesgo para el debate público.
El uso de comparaciones con dictaduras latinoamericanas forma parte del repertorio retórico de la oposición colombiana. Democracias que funcionan exigen, sin embargo, que los cuestionamientos políticos se acompañen de documentación verificable. Cuando un expresidente denuncia coerción electoral en una región específica, esa denuncia debe estar respaldada por reportes de organismos de control electoral, autoridades de policía o investigaciones judiciales en curso. De lo contrario, se convierte en alegación sin anclaje institucional.
En cuanto a indicadores económicos y de seguridad, los números que Uribe cita pueden medirse y compararse entre gobiernos. Pero la comparación requiere metodología rigurosa: ¿qué indicadores se utilizan? ¿Se controlan variables externas como ciclos económicos globales o precios de commodities? ¿Qué dicen reportes de organismos internacionales como el Banco Mundial o la UNODC sobre estas tendencias? Sin ese contexto, las cifras se convierten en datos aislados, no en análisis.
La campaña electoral de 2026 está en marcha. Es normal que candidatos y expresidentes cuestionen la gestión actual. Lo que no es normal para una democracia funcional es que esos cuestionamientos se hagan mediante afirmaciones que no pueden verificarse en fuentes públicas oficiales. Uribe tiene derecho a criticar. La opinión pública tiene derecho a exigir que esa crítica sea documentada.