La Fiscalía Tercera Delegada notificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez un llamado a indagatoria por cuatro hechos: las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo (1998) y los presuntos vínculos con la hacienda Las Guacharacas, según reportó Vanguardia. El expediente repone pesquisas que llevan décadas abiertas y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado esclarecer al Estado colombiano en la sentencia de 2006 por la masacre de El Aro.
Horas después de conocida la decisión, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido al exmandatario. Según reprodujo Vanguardia, el jefe de Estado propuso una comparecencia conjunta ante la Jurisdicción Especial para la Paz y, en el mismo mensaje, pidió al exmandatario que no respaldara al candidato de la segunda vuelta, sin mencionarlo por nombre. La Fiscalía, de acuerdo con el mismo reporte, también vinculó formalmente a Santiago Uribe en el expediente de Las Guacharacas a partir de la versión rendida por el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias “Pipintá”, quien señaló esa hacienda como punto de consolidación del Bloque Metro.
Lo que está en juego no es retórico. La indagatoria es un acto procesal que no implica acusación ni responsabilidad penal, pero sí obliga a la defensa a responder punto por punto sobre hechos graves documentados por la prensa y por sentencias internacionales: al menos doce víctimas mortales y más de 1.400 desplazados en El Aro, cinco asesinados en La Granja y el homicidio de un defensor que había documentado abusos del Ejército en Ituango. El expediente, además, arrastra señalamientos que llevan casi tres décadas sin cerrarse. El abogado Miguel Ángel del Río, citado por Vanguardia como representante de víctimas, celebró la decisión.
La propuesta presidencial de llevar a Uribe a la JEP merece leerse con la misma frialdad. La Jurisdicción, por diseño, está concebida para comparecientes que voluntariamente reconocen su participación en hechos del conflicto armado. Una indagatoria de la justicia ordinaria por asociación paramilitar y masacres no es, en principio, competencia de la JEP, aunque existen macrocasos que podrían intersectarse con hechos de los años noventa. El presidente omite que la Jurisdicción exige aportes de verdad y responsabilidad para otorgar sanciones propias; una citación penal en firme recorre otro camino procesal.
El calendario, sin embargo, es lo que vuelve la secuencia políticamente significativa. Tres días antes de una segunda vuelta, una notificación de la Fiscalía contra el líder natural de uno de los partidos que respaldan al candidato opositor es un hecho que la opinión pública no puede dejar pasar sin contexto. Tampoco puede exagerarse: la citación responde, según el reporte de Vanguardia, a investigaciones abiertas desde hace años y a órdenes internacionales pendientes. Mezclar ambos planos —el judicial y el electoral— es el riesgo principal de esta semana.
Lo razonable es exigir tres cosas simultáneas. Primero, que la Fiscalía actúe con la misma celeridad en expedientes de esta magnitud en los que el tiempo ha sido el peor cómplice de la impunidad. Segundo, que la JEP, si algún compareciente voluntario desea aportar verdad sobre estos hechos, evalúe con independencia si le corresponde asumir el caso. Tercero, que los ciudadanos voten el domingo con la información disponible, sin que las decisiones judiciales se conviertan en propaganda de ningún bando.
Colombia no necesita otra elección decidida en el calendario de una red social. Necesita un sistema judicial que cierre expedientes que llevan abiertos más de dos décadas y un debate electoral que distinga entre hechos probados, hipótesis pendientes y propaganda política.