Un hombre fue detenido en Bogotá luego de que un video grabado por vecinos de la localidad de Usaquén lo mostrara en una situación que las autoridades investigan como presunto abuso sexual a un menor en un balcón, según reportó El Colombiano. La Policía Metropolitana realizó la captura con base en esa grabación. Migración Colombia, citada por Blu Radio, indicó que el sospechoso entró al país el 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, anunció a través de X que, además del menor visible en la grabación, la Policía de Infancia y Adolescencia puso a disposición del Instituto a dos niñas y un niño que estaban en el mismo lugar. Los tres menores son valorados en centros de salud en el marco de la verificación de derechos, añadió la funcionaria.
El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los hechos y aseguró que las víctimas están bajo protección institucional. Citado por El Colombiano, el mandatario señaló que corresponde a la Fiscalía y a las autoridades competentes establecer qué ocurrió y las posibles responsabilidades.
El episodio deja tres preguntas que merecen respuesta formal de las entidades llamadas a responderlas.
Primera: control migratorio. Una persona llegó al país por la principal terminal aérea nueve días antes de los hechos. ¿Contaba con algún registro previo en bases de datos internacionales de interés policial? ¿El sistema de alertas del aeropuerto funcionó como debía? La opacidad en este punto alimenta hipótesis que solo se desactivan con información pública verificable, no con comunicados de rechazo.
Segunda: capacidad de reacción institucional. Según la reconstrucción periodística, la captura fue posible gracias a un video de vecinos, no a una operación preventiva de la Policía de Infancia y Adolescencia ni a una alerta del sistema de protección. Cuando la respuesta depende de la grabación casual de un ciudadano, la falla ocurre antes del daño. La Policía Metropolitana debe detallar los protocolos de patrullaje en la zona y los canales de articulación con la comunidad que hicieron posible la intervención.
Tercera: protección de los menores. El ICBF anunció que conserva la identidad de los niños bajo reserva, una decisión correcta. Pero la entidad también debe precisar, cuando las condiciones procesales lo permitan, el plan de acompañamiento psicológico, el seguimiento familiar y las medidas cautelares adoptadas mientras avanza la investigación penal. La protección no se agota en la valoración médica inicial.
Sobre el capturado, rige la presunción de inocencia. Corresponde a la Fiscalía adelantar las audiencias de legalización de captura, imputación y, en su caso, solicitar medida de aseguramiento. Hasta que exista decisión judicial, cualquier afirmación sobre responsabilidad penal debe atribuirse a las autoridades competentes, no a la tribuna pública ni a las redes sociales.
La indignación que recorrió al país exige más que comunicados oficiales. Exige información verificable sobre la carpeta judicial, sobre el estado de los menores y sobre los protocolos migratorios aplicados al detenido. También exige una evaluación pública de por qué el sistema preventivo no estaba donde debía estar antes de que un vecino grabara lo que grabó.