Un comunicado firmado el 10 de junio de 2026 por veinte exmagistrados de altas cortes, exintegrantes de tribunales y docentes de derecho vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que el ordenamiento colombiano no había zanjado de manera definitiva: si los compromisos jurídicos derivados de la naturalización en Estados Unidos resultan compatibles con el ejercicio de la Presidencia de la República.
Según reportó Publimetro, entre los firmantes se encuentran José Gregorio Hernández Galindo, Jaime Córdoba Triviño, Pablo Cáceres Corrales, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Jorge Iván Palacio Palacio, Stella Conto Díaz del Castillo, Ramiro Pazos Guerrero y Edgardo Villamil Portilla. El texto distingue dos situaciones. En primer lugar, la nacionalidad italiana no presentaría, a juicio de los juristas, inconveniente jurídico alguno, pues no comporta obligaciones incompatibles con la función presidencial. En segundo lugar, la naturalización estadounidense sí plantearía, en su lectura, una incompatibilidad funcional derivada del juramento de fidelidad exigido por ese país.
El comunicado, cuyas citas textuales fueron reproducidas por Publimetro, señala que la naturalización en Estados Unidos “implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia y con el juramento que tiene que realizar cualquier persona que pretenda ocupar esa dignidad”. Los firmantes añaden que la Presidencia exige “una profunda lealtad y fidelidad hacia Colombia” y que, por tanto, “no puede ser presidente quien, de manera solemne y con efectos jurídicos, al nacionalizarse estadounidense, ha renunciado en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia nuestro país”.
El texto precisa que su análisis se circunscribe al derecho colombiano y que la doble nacionalidad, por sí sola, no constituye una inhabilidad constitucional. La argumentación se apoya en una distinción entre la mera acumulación de pasaportes y los efectos sustantivos del vínculo jurídico adquirido al naturalizarse. En criterio de los firmantes, esos efectos —entre los que mencionan la obligación de “defender los intereses de Estados Unidos, incluso con las armas, frente a cualquiera de quienes ese país llegue a considerar sus enemigos”— entrarían en contradicción con los deberes del jefe de Estado colombiano.
Esta es, por construcción, una tesis interpretativa. No existe en la jurisprudencia colombiana, hasta donde se conoce, una sentencia de la Corte Constitucional ni un fallo del Consejo de Estado que haya analizado la naturalización estadounidense bajo esta misma lógica. Colombia ha tenido mandatarios con doble nacionalidad sin que el tema fuera objeto de pronunciamiento judicial expreso. Lo que el comunicado plantea es un debate doctrinal que, por su peso específico, difícilmente puede resolverse al margen de las instituciones competentes.
Surgen, cuando menos, tres preguntas que el sistema político debería abordar antes de la jornada electoral. Primera: ¿qué autoridad debe evaluar la elegibilidad de un candidato cuando la objeción se refiere no a un requisito formal de la Carta, sino a los compromisos jurídicos derivados de un acto voluntario de naturalización? Segunda: ¿existe precedente en la jurisdicción contencioso-administrativa sobre la validez de una inscripción cuestionada por esta causal? Tercera: ¿cuál es el alcance del artículo 188 de la Constitución, que exige ser ciudadano colombiano de nacimiento, frente a un ciudadano que conserva esa condición originaria y ha adquirido otra por naturalización?
El comunicado tuvo difusión en redes sociales el 10 de junio de 2026, de acuerdo con una publicación de Daniel Coronell en la red social X citada por Publimetro. Esa coincidencia temporal obliga a leer el texto con rigor y a separar dos planos distintos: la idoneidad política del candidato y la compatibilidad jurídica de su situación con el cargo al que aspira.
La última palabra no le corresponde a un grupo de juristas, por ilustres que sean sus trayectorias, sino a las autoridades electorales y, en definitiva, a los jueces. Que el debate se abra es, en sí mismo, saludable para una campaña que hasta ahora había eludido esta cuestión. Lo preocupante sería que se cerrara por la vía del silencio institucional.