El Nuevo Hospital de Bocagrande, en Cartagena, solicitó esta semana el traslado inmediato de veinte pacientes a cargo de tres EPS: catorce de Coosalud, cinco de Sura y uno de Salud Total. La solicitud, según el comunicado de la institución, obedece a una crisis financiera, operativa y asistencial que la propia gerencia calificó como “crítica e insostenible”.
El detonante inmediato se registró el jueves 11 de junio de 2026, cuando parte del personal interrumpió sus labores por salarios adeudados, como reportó Infobae Colombia. El paro no hizo más que profundizar problemas que venían de meses antes. En marzo de 2026, más de doscientos trabajadores —de enfermería, camillería, laboratorio, servicios generales y administración— denunciaron ante Blu Radio que llevaban cerca de cuatro meses sin recibir sueldo. La auxiliar de enfermería Esmilda Rocha, con dieciséis años en la institución, describió el impacto cotidiano de la crisis: “No tenemos plata para los buses para venir a trabajar”.
La operadora del centro asistencial es la Promotora Bocagrande S.A. (PROBOCA), con dificultades financieras reconocidas desde diciembre de 2025. El hospital atribuye el colapso a la falta de giros y de asignaciones presupuestales por parte de las EPS y de las autoridades competentes, y afirma haber implementado medidas de austeridad y reorganización administrativa. El propio comunicado descarta que la situación sea producto de “falta de gestión o de voluntad institucional”, un señalamiento que en algún momento deberán evaluar los organismos de control.
Lo que se observa en Bocagrande responde a un patrón conocido del sistema de salud colombiano, que en muchas regiones funciona con flujo de caja prestado: cuando una IPS deja de recibir lo que le deben, lo primero que se resiente es la nómina; lo segundo, la operación; lo tercero, la atención al usuario. En este caso, según la información publicada por Infobae, se llegó al tercer eslabón en menos de seis meses. ¿Cuántas alertas recibieron antes la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) de Cartagena? La propia institución dice haberlos notificado y haber pedido intervención urgente. Resta saber qué hicieron —o qué dejaron de hacer— desde la primera alerta.
Un dato merece atención especial: de los veinte pacientes que requieren reubicación, catorce son responsabilidad de Coosalud, una de las EPS con mayor número de afiliados en el régimen subsidiado del país. Si la concentración de cartera morosa en un solo pagador explica buena parte del colapso financiero de esta IPS, el problema deja de ser local y se convierte en un asunto de supervisión nacional. La Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos y la Delegada para las EPS deberían pronunciarse de oficio, y la Contraloría debería evaluar si los recursos públicos que llegaron a la cadena de pago cumplieron el destino para el que fueron apropiados.
También está pendiente la respuesta del Ministerio de Salud. La emergencia de Bocagrande ocurre en un momento de transición normativa y de debate sobre el futuro del sistema, pero ninguna reforma exime al Gobierno de garantizar la atención de quienes hoy están en riesgo. Veinte personas, y los trabajadores que aún permanecen en sus puestos, aguardan una solución. El traslado no puede convertirse en un trámite burocrático de semanas. Cada día sin resolver es un día en el que el Estado incumple su obligación más básica: prestar servicios de salud a quien los necesita. Cartagena no puede quedarse sin hospital. Y los organismos de control ya no pueden seguir mirando hacia otro lado.