La muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, tras una cirugía estética en Bogotá el 13 de mayo, no fue inevitable. Fue el resultado de una cadena de decisiones institucionales ausentes: la operación de un centro sin licencia, la ausencia de protocolos de emergencia y la falta de vigilancia sanitaria que debería haber impedido que Beauty Laser funcionara.
Según reportó La Opinión, citando declaraciones del coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín de la Policía Nacional, la investigación estableció que Toloza permaneció con signos vitales durante al menos ocho horas después de la intervención quirúrgica en el centro clandestino. En ese lapso, de acuerdo con los reportes de la Sijín, la complicación que presentó habría sido tratable en un centro hospitalario especializado.
La pregunta institucional es directa: ¿cómo operaba Beauty Laser sin autorización? ¿Qué mecanismos de inspección permitieron que un centro de cirugía estética funcionara sin licencia, sin supervisión, sin protocolos de emergencia?
De acuerdo con las declaraciones recogidas por la Sijín, María Fernanda Delgado, propietaria de la clínica, informó a los investigadores: “Cuando la sacaron en el carro, todavía respiraba”. Esa declaración establece que la víctima fue trasladada aún con vida desde el lugar de la cirugía hacia una zona boscosa de Cundinamarca, a más de 100 kilómetros de Bogotá, en los municipios de Anapoima y Apulo.
Según la investigación de la Sijín, durante esas ocho horas no se activó protocolo de emergencia alguno, no se llamó a una ambulancia, no se buscó ayuda médica. Eso es un hecho documentable en los registros de la investigación.
El coronel Gallego reveló en el pódcast Más Allá del Silencio que fue un profesional identificado como Eduardo David Ramos quien aportó el dato operativo que permitió localizar el cuerpo: la referencia a un letrero azul cerca del sitio donde fue abandonada Toloza. Con esa información, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación desplegaron una búsqueda en la zona de espesa vegetación y localizaron el cuerpo.
Los implicados fueron capturados en Venezuela, adonde huyeron después de recoger las pertenencias de la víctima en Bogotá. Bajo custodia de las autoridades, comenzaron a colaborar con la investigación.
El caso plantea una pregunta incómoda sobre la regulación de la práctica médica privada en centros no autorizados. No es un fallo individual aislado. Es un síntoma de que el sistema de vigilancia sanitaria en Bogotá no está funcionando como debería.
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tiene la responsabilidad de inspeccionar establecimientos que ofrecen servicios de cirugía estética. Las preguntas que surgen son elementales: ¿cuántos centros clandestinos operan actualmente en la ciudad sin ser detectados? ¿Cuál es el protocolo cuando una complicación médica se presenta en un centro no autorizado? ¿Existen mecanismos de reporte obligatorio que garanticen que las emergencias médicas sean canalizadas hacia hospitales?
La Sijín, la Fiscalía y el CTI actuaron correctamente en la investigación criminal. Las capturas ocurrieron. Las declaraciones se obtuvieron. Pero el caso de Yulixa Toloza debería generar una revisión urgente de cómo se vigila la cirugía estética en centros privados no autorizados y cómo se garantiza que las complicaciones médicas sean reportadas a tiempo.
Eso requiere acción inmediata de la Secretaría de Salud, de la Superintendencia de Salud y de la Fiscalía. No es suficiente investigar un caso después de que la muerte ocurra. Es necesario prevenir que centros clandestinos operen en primer lugar.