La transición de gobierno en Colombia coincide con un ajuste pragmático en la relación bilateral con Estados Unidos. Tras años de fricciones por la erradicación de cultivos ilícitos y la reticencia operativa del gobierno saliente, la administración entrante de Abelardo de la Espriella y el equipo de Donald Trump han aterrizado una propuesta concreta que dista de la caricatura geopolítica. No se trata de la instalación de bases militares estadounidenses en territorio nacional, sino de centros logísticos para la Policía Nacional en zonas de baja institucionalidad. Esta distinción técnica es fundamental para entender el futuro inmediato de la seguridad hemisférica y desactivar los fantasmas soberanistas que suelen entorpecer la cooperación antinarcóticos.
Logística frente a soberanía
Durante una audiencia en el Congreso estadounidense, el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Cartwright Weiland, aclaró que la competencia sobre bases militares recae en el Departamento de Defensa y no en su despacho. La alternativa en mesa es funcional, no territorial: proveer equipos, movilidad, tecnología y sistemas de comunicación en áreas apartadas donde el Estado colombiano tiene presencia limitada. Según lo reportado por Vanguardia, la operación estaría bajo conducción exclusiva de autoridades colombianas, sin despliegue permanente de tropas extranjeras.
Este enfoque corrige un error recurrente en el debate público. La cooperación atlantista eficaz no requiere cesión de soberanía, sino interoperabilidad. Para Colombia, esto significa recuperar capacidades degradadas en la última década. La propuesta incluye fortalecer la flota de 29 helicópteros Black Hawk de la Policía, sumar drones y sistemas antidrones, y reactivar el intercambio de inteligencia. Son activos que impactan directamente la capacidad de interdicción en el Catatumbo, el Pacífico nariñense y la frontera con Ecuador, regiones donde la ausencia estatal ha sido aprovechada por estructuras criminales transnacionales.
El costo de la desconfianza previa
La disposición de Washington a reactivar estos mecanismos responde a una evaluación de riesgo compartido. La percepción de bajo compromiso del gobierno Petro frente a la erradicación generó un vacío que fue llenado por economías ilícitas y, en menor medida, por actores externos no alineados con los intereses hemisféricos. El designado ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, ha señalado que se adoptarán todas las medidas posibles dentro del marco constitucional y diplomático. Esta declaración es clave: ancla la cooperación en la legalidad vigente y evita dar munición a quienes politizan la seguridad como herramienta de polarización.
Desde una perspectiva regional, este modelo de centros logísticos es replicable y menos costoso políticamente que las bases tradicionales. En un hemisferio donde regímenes autoritarios explotan narrativas antiimperialistas para consolidar poder, la cooperación técnica y discreta resulta más sostenible. Permite a Colombia mantener su liderazgo en seguridad regional sin exponerse a los costos diplomáticos de una presencia militar visible. Además, se alinea con las prioridades de la administración Trump, que privilegia resultados medibles en control de drogas sobre alianzas ideológicas amplias.
Pendientes de la implementación
La viabilidad de este esquema dependerá de tres factores. Primero, la capacidad de absorción institucional de la Policía Nacional para integrar tecnología avanzada en zonas con infraestructura deficiente. Segundo, la continuidad presupuestal colombiana para mantener estos activos cuando la ayuda estadounidense fluctúe según los ciclos políticos de Washington. Tercero, la transparencia en los acuerdos para evitar que la oposición o actores regionales deslegitimen la cooperación bajo premisas falsas de ocupación.
Los datos de organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Departamento de Estado han mostrado correlación entre la interrupción de la cooperación técnica y el aumento de hectáreas sembradas y flujos de cocaína. Recuperar la confianza operativa no es un acto de sumisión, sino de responsabilidad estatal. Los centros logísticos son un paso hacia la profesionalización de la lucha antinarcóticos, siempre que se entiendan como herramientas de fortalecimiento interno y no como sustitutos de la voluntad política nacional.
La región andina observa con atención. Si Colombia logra estabilizar su seguridad mediante este modelo híbrido, enviará una señal a Brasilia y Quito sobre la posibilidad de cooperar con Washington sin sacrificar autonomía. Si fracasa por politización o falta de seguimiento, el vacío será llenado nuevamente por la ilegalidad. La oportunidad está abierta, pero requiere precisión técnica y madurez política para no confundir la logística con la entrega.