El activista Beto Coral confirmó este 19 de julio su regreso a Colombia tras once años de permanencia legal en Estados Unidos y la renuncia a su solicitud de asilo político. Según reportó Publimetro, Coral aterrizó en el país en un vuelo con otros connacionales deportados por el ICE desde Arizona, después de permanecer detenido por autoridades migratorias estadounidenses.
El comunicado del activista se limita, por ahora, a tres afirmaciones: regresó, renunció al asilo y considera que su familia —aún en territorio estadounidense— corre peligro. Como reportó Publimetro, Coral no entregó detalles sobre los “tratos recibidos” durante su detención ni sobre las amenazas concretas que invocaría para justificar la urgencia de sacar a sus familiares de ese país. Esa opacidad no es menor: se trata de un personaje con alto perfil político, no de un ciudadano anónimo, y sus declaraciones alimentan una narrativa que el Gobierno nacional ha asumido como propia.
Porque lo cierto es que la reacción del Ejecutivo precedió a cualquier verificación. Según la misma cobertura, el presidente Gustavo Petro celebró públicamente la forma en que Coral llegó al país, y tanto el gobernante como el propio activista han hablado de una “presunta persecución política” sin que exista, hasta donde se conoce, una decisión judicial estadounidense que así lo declare. La Cancillería y Migración Colombia realizaron acompañamiento institucional al vuelo, lo que confirma que el caso dejó de ser un asunto migratorio individual para convertirse en un episodio de política exterior con marca ideológica.
El problema de fondo es la asimetría. El Gobierno pide que se crea, sin pruebas públicas, que hubo motivación política en la detención. ICE, por su parte, no ha detallado las razones específicas del procedimiento, pero el expediente existe en un sistema judicial migratorio con instancias de apelación que el propio Coral decidió abandonar al renunciar al asilo. Cuando se desiste de un proceso legal, se renuncia también al escenario donde se podrían demostrar o desvirtuar las acusaciones. La decisión puede ser legítima, pero deja el debate público sin el contradictorio que exige cualquier denuncia de persecución.
Hay un segundo punto que conviene no perder de vista. En la misma semana, Publimetro registró que el senador Iván Cepeda propuso que Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico tras finalizar su gobierno. La coincidencia no es analítica, es de contexto: muestra un movimiento político que ya está pensando en la pospetro y que necesita mantener movilizada a su base. El caso Coral, con su carga de denuncia y de agravio, encaja perfectamente en esa estrategia.
La columna no defiende a ICE ni a la administración estadounidense. Tampoco valida la deportación sin debido proceso, si es que la hubo. Lo que señala es algo más simple: un Estado que celebra el regreso de un connacional antes de conocer las circunstancias de su salida renuncia a la apariencia de imparcialidad que se le exige. Y un ciudadano que denuncia persecución política tiene la obligación —y el derecho— de presentar las pruebas. Mientras Coral no hable y el Gobierno no pida más que adhesiones, el caso seguirá siendo lo que hoy parece: un insumo para la disputa política interna, no un expediente de derechos humanos.
La familia de Coral, dicen él y los suyos, corre peligro. Si eso es cierto, corresponde a la Cancillería y a la Fiscalía colombiana documentarlo y, si es del caso, solicitar las garantías correspondientes por la vía diplomática, no por la vía del tuit. La institucionalidad existe para eso. Usarla de verdad sería la única manera de que este episodio deje de ser propaganda y vuelva a ser, como debería, un asunto de Estado.