El 16 de junio el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al activista colombiano Beto Coral, según reportó Caracol Radio. Cuatro días después, el 20 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una serie de mensajes dirigidos a la Casa Blanca en los que exige información sobre el detenido y condiciona la continuidad de la cooperación antinarcóticos a una respuesta de Washington.
El tono de los mensajes, en los términos que cita el mismo medio, no admite lectura neutral. Petro se dirigió a su homólogo estadounidense para reclamarle información sobre el paradero del detenido y para preguntar, en sus palabras reproducidas por Caracol Radio, si ambos países son “compañeros de verdad” en la lucha contra el narcotráfico. En otro mensaje, según la misma fuente, calificó a Coral como “un preso político en EEUU”.
Hay tres elementos que merecen lectura separada.
Primero, la invocación del padre. En los mensajes transcritos por Caracol Radio, el presidente identifica a Coral como hijo de un oficial de policía al que atribuye haber participado en la ubicación de Pablo Escobar. Caracol Radio reproduce la cita tal como fue publicada en X y no presenta documentación independiente que respalde esa afirmación. Cuando un jefe de Estado invoca la memoria de un servidor público en un mensaje que condiciona la relación bilateral, la prudencia periodística sugiere esperar documentación que respalde el dato factual.
Segundo, la etiqueta de “preso político”. El término no es descriptivo: presupone el resultado del proceso. Si las autoridades estadounidenses procesan a Coral por infracciones migratorias o por causas adicionales, llamarlo preso político equivale a anticipar veredicto. Caracol Radio reportó que la Cancillería enmarcaría la detención como “persecución política”; un pronunciamiento oficial del gobierno estadounidense sobre el estatus del detenido no consta en la fuente consultada.
Tercero, la mención a un contendiente electoral. Caracol Radio transcribió al presidente atribuyendo a un candidato presidencial colombiano, identificado en la nota como Abelardo de la Espriella, responsabilidad política en la captura del activista. El mismo medio le transcribió al presidente la expresión “defensor de narcoparamilitares genocidas del pueblo colombiano” dirigida a ese candidato. ¿Debe ese tipo de afirmaciones quedar en un trino o debería sustentarlas una autoridad competente? En cualquiera de los dos escenarios, el costo lo paga la credibilidad de quien denuncia.
La cooperación antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos se mide en extradiciones, operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y políticas de cultivos. Esos indicadores, y no los mensajes en redes sociales, definen si la alianza funciona. Convertir un caso individual en una prueba de fuego de la relación bilateral introduce una variable de inestabilidad que puede traducirse, en el corto plazo, en decisiones presupuestales, revisión de certificaciones o movimientos dentro del Congreso estadounidense.
La pregunta de fondo es si este tipo de presión pública mejora la situación del detenido o la complica. La historia reciente muestra que las crisis diplomáticas abiertas entre gobiernos suelen resolverse por canales reservados, no por declaraciones en una red social. Cuando el canal principal del gobierno colombiano es la cuenta personal del presidente, el margen de maniobra del cuerpo diplomático se reduce.
Colombia necesita que la relación con Washington funcione, entre otras razones, porque la lucha contra el narcotráfico no admite pausas. Esa necesidad no se resuelve con ultimátum retóricos. Se resuelve con resultados verificables, con comunicación institucional y con respeto a los procedimientos del país que, hoy, tiene bajo custodia al ciudadano cuya situación preocupa al gobierno.