La Alcaldía de Bogotá ajustó el horario de la ley seca por la segunda vuelta presidencial del 22 de junio. La restricción, que en principio arrancaría a las 6:00 p.m. del viernes 19, ahora comienza a las 00:00 del sábado 20 y se extiende hasta el mediodía del lunes 22. El cambio lo confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, con un argumento explícito: reducir el impacto sobre bares y restaurantes en plena temporada mundialista.
El distrito defiende la decisión en términos operativos. “La ciudad tiene toda la capacidad para atender cualquier eventualidad”, dijo Quintero, según reportó Caracol Radio. El funcionario enmarcó la modificación en una lógica de “consenso” con el sector comercio. Es, en los hechos, una rectificación: la alcaldía había anunciado un horario más restrictivo apenas cinco días antes y terminó cediendo seis horas de actividad económica en un fin de semana de alto consumo.
Los gremios respondieron con satisfacción. Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, calificó el ajuste como “muy provechoso” para restaurantes y bares, y aseguró que no insistirán en mover la restricción al viernes. Asobares acompañó el mensaje. Ambos gremios reconocieron la potestad distrital y pidieron respaldar la decisión.
La lectura de fondo es menos protocolaria. Bogotá no alteró la ley seca por convicción jurídica sino por presión gremial. El comercio organizado pidió, la alcaldía concedió. Eso no es en sí mismo criticable: en una ciudad donde el canal gastronómico y nocturno mueve buena parte del empleo formal y la facturación turística, una restricción horaria mal calibrada puede costar miles de millones de pesos en ventas perdidas. Pero conviene no perder de vista qué se está discutiendo.
Primero, la ley seca con motivo electoral es una figura policial, no económica. Su propósito es facilitar el control de orden público durante una jornada de alta movilización ciudadana. Reducirla para favorecer el consumo es invertir la jerarquía: lo excepcional se vuelve permanente y la medida termina subordinada a la agenda comercial.
Segundo, el mecanismo deja un precedente incómodo. Si cada modificación horaria se negocia con los gremios según el calendario de eventos deportivos, la próxima vez que coincidan elecciones con un concierto, con un partido de selección o con un feriado largo, el precedente estará servido. La ley seca deja de ser una herramienta de las autoridades y se convierte en una variable de ajuste de la programación económica.
Tercero, está el dato que el distrito no entregó. ¿Cuánto cuesta en términos logísticos y de seguridad pública correr seis horas la restricción? ¿Cuántos uniformados adicionales se requieren para vigilar el inicio de la jornada electoral con bares abiertos hasta la medianoche del viernes? Sin ese balance, el debate queda a medias.
La alcaldía tiene derecho a modular la medida. Pero “impulsar la actividad económica” no puede ser, por sí solo, el criterio rector de una decisión que compete a la Secretaría de Seguridad. Cuando la restricción se mueve por solicitud gremial y se comunica como un triunfo del consenso comercial, se erosionan los criterios técnicos que deberían regir estas decisiones. La próxima vez, convendría que el distrito entregue el informe de impacto antes, y no después, de mover la aguja.