La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la entrada en vigor de la restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes entre las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio y el mediodía del lunes 22 de junio, en coincidencia con la segunda vuelta presidencial del domingo 21. La decisión fue atribuida por el propio Distrito, a través de la cuenta en X del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, a una evaluación del comportamiento de la ciudad durante la primera vuelta, según reportó Cambio.
La ley seca es una facultad ordinaria de los alcaldes, contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Su declaratoria es competencia del orden municipal y suele acompañarse de dispositivos de vigilancia reforzados. El problema no es la legalidad del decreto, sino la opacidad con que se decreta.
El mismo Distrito admitió, en la misma comunicación, que Bogotá registró dos personas muertas durante la jornada de la primera vuelta, un hecho que Cambio vinculó en su cobertura y que continúa bajo análisis de las autoridades competentes. Frente a ese antecedente, la Administración respondió con la misma herramienta utilizada en jornadas anteriores, sin que se conozcan, hasta ahora, evaluaciones públicas sobre el resultado de esas medidas previas. La pregunta de fondo es si la restricción de licor cumple un papel disuasorio verificable o si se ha convertido en un gesto protocolar que se decreta cada vez que el calendario electoral lo exige.
La comunicación oficial privilegia el llamado a la denuncia a través de la Línea 123 y la consigna de que “Bogotá camine segura”, en palabras recogidas por Cambio. Son enunciados correctos en su intención, pero insuficientes en su contenido. Una política de seguridad electoral seria exige tres componentes verificables: un parte público de las afectaciones a la convivencia registradas en la primera vuelta, con cifras desagregadas por localidad; un balance del pie de fuerza desplegado y de su cobertura territorial; y una evaluación ex post del impacto de la restricción en la disminución de incidentes. Ninguno de los tres aparece en el anuncio del secretario de Gobierno.
La democracia no se protege con declaraciones. Se protege con datos, con coordinación interinstitucional entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Registraduría, y con transparencia sobre lo que funciona y lo que no. La segunda vuelta presidencial es, además, una jornada de alta polarización, lo que vuelve más sensible cualquier hecho de orden público. La opacidad informativa alimenta la especulación, y el Distrito tiene la obligación de anticiparse a esa lectura con información oficial, no con frases de campaña.
¿La ley seca reduce incidentes o solo desplaza el problema a las horas previas y posteriores al decreto? ¿La ciudadanía tiene acceso a algún indicador que permita comparar una jornada con otra? ¿Qué se hizo con las recomendaciones derivadas de las dos muertes de la primera vuelta? Son preguntas que la Administración puede responder con cifras, y que hasta ahora ha preferido dejar sin respuesta.
La restricción de licor es una herramienta disponible, no una estrategia de seguridad. Mientras el Gobierno distrital no publique los indicadores que sustentan su decisión ni rinda cuentas sobre los resultados de la primera vuelta, seguirá siendo imposible distinguir entre una medida técnica y un recurso retórico. La seguridad electoral se construye con evidencia, no con decretos repetidos.