La tragedia humanitaria en Buenaventura tras el terremoto de magnitud 7,4 no es solo una catástrofe natural; es la factura vencida de décadas de negligencia estatal en el nodo logístico más importante del país. Mientras las imágenes de escombros y sed conmueven a la opinión pública, desde una perspectiva de seguridad económica y relaciones hemisféricas, lo ocurrido en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano representa un riesgo sistémico que trasciende la emergencia inmediata.
Buenaventura moviliza cerca del 42 % del comercio exterior nacional. Su parálisis, aunque sea temporal por el colapso de la vía Buga-Buenaventura, envía una señal de alerta a nuestros socios comerciales en Washington, Bruselas y Asia. En un momento donde las cadenas de suministro globales se reconfiguran por tensiones geopolíticas, la resiliencia infraestructural es tan vital como los tratados de libre comercio. Un puerto que queda incomunicado por deslizamientos previsibles y carece de agua potable para sus operadores y habitantes no es un activo estratégico confiable; es un pasivo contingente para la competitividad regional.
La paradoja de la riqueza sin desarrollo
Resulta inaceptable, bajo cualquier estándar de gestión pública moderna, que una ciudad que genera recursos propios significativos gracias a la actividad portuaria enfrente un desabastecimiento hídrico estructural. Según reportes de Cambio Colombia, entre 2002 y 2012 se invirtieron más de 104.000 millones de pesos para alcanzar una cobertura del 97 %, pero la ejecución fue deficiente y marcada por la corrupción. El contrato mixto vigente desde 2001 entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB) e Hidropacífico no ha logrado revertir un deterioro que hoy, en medio de la crisis, cobra vidas.
Esta falla institucional tiene implicaciones macroeconómicas directas. La Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación han documentado reiteradamente estas brechas, pero la respuesta ha sido burocrática en lugar de técnica. Para los inversionistas extranjeros y las agencias de calificación de riesgo, la incapacidad de garantizar servicios básicos en zonas estratégicas eleva la prima de riesgo país. No se trata de ideología, sino de aritmética: sin agua y sin vías seguras, los costos logísticos aumentan y la confianza se erosiona.
Además, la coincidencia con un fenómeno de El Niño intenso agrava la vulnerabilidad. La dependencia de fuentes superficiales como el río Escalerete, sin sistemas de respaldo robustos, demuestra una planificación que ignora la variabilidad climática. En un contexto donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial priorizan financiamiento para adaptación climática, la situación de Buenaventura debería ser elegible para cooperación técnica urgente, siempre que exista voluntad política local para transparentar la gestión y ejecutar con rigor.
Conectividad como seguridad nacional
El aislamiento terrestre de Buenaventura tras el sismo expone la fragilidad de nuestra red vial primaria. Los múltiples deslizamientos en la vía Buga-Buenaventura y en los accesos a Cali y Loboguerrero dejaron a la ciudad “al margen del país”, como bien describe la crónica de Armando Neira. Esto confirma que la conectividad del Pacífico sigue siendo precaria y dependiente de un solo corredor vulnerable.
Desde la óptica atlantista y de integración hemisférica, esto es preocupante. Estados Unidos y la Unión Europea buscan diversificar sus rutas de abastecimiento lejos de dependencias autoritarias, y Colombia está llamada a ser ese aliado confiable. Pero la confiabilidad se construye con infraestructura redundante y mantenimiento preventivo, no con decretos de calamidad pública reactivos. La Fuerza Pública y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han respondido con profesionalismo, pero la tarea de fondo es civil y presupuestal.
La reconstrucción no puede limitarse a reparar lo dañado. Debe incluir una auditoría forense a los contratos de acueducto pasados y presentes, y un plan maestro de resiliencia portuaria con estándares internacionales. Si el gobierno actual pretende atraer inversión privada y fortalecer lazos con Occidente, debe demostrar que el Estado de derecho y la capacidad técnica llegan hasta el muelle. De lo contrario, Buenaventura seguirá siendo la metáfora dolorosa de un país que exporta commodities mientras importa ineficiencia.
La solidaridad es necesaria y bienvenida, pero insuficiente. Lo que exige esta coyuntura es institucionalidad técnica, transparencia en la contratación y una visión de largo plazo que entienda que el bienestar social y la competitividad económica son dos caras de la misma moneda. Sin esa comprensión, el próximo desastre natural volverá a encontrar al puerto a la deriva, y con él, gran parte de nuestra proyección internacional.