En la madrugada del 3 de julio, hombres identificados como integrantes del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN incineraron una tractomula en la vía que conecta Buga con Buenaventura, en el Valle del Cauca. El vehículo había salido de Yumbo, al norte de Cali, con destino al principal puerto colombiano sobre el Pacífico. El hecho, reportado por El Tiempo, no constituye un episodio aislado: es un nuevo capítulo de una secuencia que se repite con periodicidad alarmante sobre el mismo corredor.
Buenaventura mueve cerca del 60 por ciento de la carga marítima del país. Cuando un grupo armado puede detener, amenazar o destruir un tractocamión en plena carretera nacional, lo que se incendia no es solo un vehículo: es la credibilidad del Estado como garante de la infraestructura productiva. La vía Buga–Buenaventura es una arteria estratégica para el comercio exterior colombiano, y su vulnerabilidad es un dato conocido por el Ministerio de Defensa, por la Agencia Nacional de Infraestructura y por las Fuerzas Militares desde hace al menos una década.
Lo que resulta difícil de justificar es la ausencia de reacción institucional sostenida. En un Estado que cuenta con tres fuerzas armadas profesionales, una Policía de Carreteras y un sistema de inteligencia financiado con recursos públicos, la repetición del mismo patrón —ataque, comunicado de prensa, retorno a la normalidad hasta el siguiente atentado— sugiere que la protección del corredor no figura entre las prioridades operativas del Gobierno nacional. La política de “paz total” ha producido, en este punto del territorio, un efecto observable: la consolidación de facto del ELN como actor con capacidad de veto sobre la movilidad y el comercio.
Hay un dato adicional que merece atención. El frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez opera en una zona donde confluyen intereses de narcotráfico, minería ilegal y contrabando. La incineración de una tractomula no es un acto gratuito: comunica a transportadores, exportadores y aseguradoras quién controla el tramo. Cuando el mensaje se impone sin respuesta estatal visible, el costo lo asumen los empresarios del Valle, los importadores y, en última instancia, los consumidores. El deterioro de la seguridad vial se traduce, tarde o temprano, en sobrecostos logísticos y en pérdida de competitividad.
La columna vertebral de un Estado de derecho es la protección efectiva de los derechos de propiedad y de libre tránsito. Si el Gobierno no garantiza el primero en las carreteras del Pacífico, tampoco puede exigir legitimidad cuando reclama inversiones, tratados o cooperación internacional. La comunidad empresarial del Valle, los gremios transportadores y las autoridades locales tienen legitimidad para exigir un plan concreto: presencia militar permanente, inteligencia operativa, judicialización de las estructuras responsables y protección específica de los corredores de exportación.
Por ahora, la respuesta oficial se limita al registro del hecho. Mientras tanto, el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN sigue acreditando, con cada tractomila incendiada, que la política de seguridad del Gobierno nacional tiene un vacío operativo que el crimen organizado sabe aprovechar.