Dos congresistas del Centro Democrático, Óscar Villamizar y Jonathan Pineda, anuncian que presentarán denuncia penal ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, por los delitos de tráfico de influencias y peculado como interviniente. El detonante son unos audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exfuncionaria del Gobierno nacional.
La denuncia, según los legisladores citados por El Heraldo, busca que las autoridades determinen si existió alguna conducta irregular. No la formulan como una afirmación de culpabilidad, y conviene leerla en ese tono: es una solicitud de investigación, no una condena anticipada.
Qué dicen los audios
Los audios, divulgados el 1 de agosto de 2026, contienen varias afirmaciones de Ferrer sobre el manejo de recursos públicos y la influencia de Alcocer en decisiones administrativas. Entre los señalamientos:
- Un presunto aporte de 2 millones de euros (unos 7.100 millones de pesos, según El Heraldo) durante la campaña presidencial de 2022.
- Supuestas intervenciones en nombramientos dentro de entidades estatales.
- Presuntas irregularidades en procesos relacionados con la compra de aviones militares.
- Referencias a “testaferros” y a un gasto mensual estimado en 50.000 euros (183,2 millones de pesos).
Como reportó El Heraldo, Ferrer fue funcionaria cercana a Alcocer y participó del equipo de Gobierno, lo que da contexto al contenido de las grabaciones. Nada de esto, sin embargo, constituye prueba judicial. El propio medio señala que las afirmaciones “no han sido comprobadas por las autoridades competentes”.
El peso político de una denuncia
La oposición llega a la Fiscalía con un insumo débil en lo probatorio pero alto en lo mediático. Audios filtrados, sin firma, sin cadena de custodia acreditada, con transcripciones que aún no han pasado por peritaje. Es el material típico de una filtración política, no de un expediente listo para imputación.
Esto no significa que deba ignorarse.恰恰 al contrario: si hay indicios de tráfico de influencias o de manejo irregular de recursos públicos涉及到 la familia presidencial, la Fiscalía está obligada a investigarlos. Pero investigar no es prejuzgar. Y prejuzgar desde una curul es, precisamente, lo que esta columna editorial ha cuestionado cuando lo hace cualquier partido, incluido el de Gobierno.
Lo que está en juego institucionalmente
Este episodio pone a prueba dos cosas al mismo tiempo:
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La independencia de la Fiscalía. La denuncia es el primer paso; el segundo, y el decisivo, es si el ente acusador abre noticia criminis o archiva. Cualquiera de los dos movimientos será leído como señal política. Por eso importa más la motivación del fiscal que la del denunciante.
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El uso de filtraciones como mecanismo de oposición. Desde el escándalo de la niñera de Laura Sarabia hasta hoy, el país ha visto cómo audios y chats se convierten en pieza central de acusaciones públicas antes de pasar por cualquier filtro probatorio. Es una práctica que erosiona la presunción de inocencia y que, cuando se invierte el viento,也会 golpea a quien la ejerce.
Una advertencia para todos
El Centro Democrático tiene derecho a denunciar. También tiene la responsabilidad de no convertir una grabación sin verificar en una sentencia anticipada. La primera tarea le corresponde a la justicia; la segunda, al periodismo; la tercera, a la opinión pública, que debe distinguir entre lo que un audio dice y lo que un juez puede probar.
Mientras tanto, Verónica Alcocer permanece en el mismo lugar procesal que cualquier ciudadano frente a una denuncia penal: a la espera de que un juez, con base en证据 y no en titulares, decida si hay mérito para avanzar.
La prudencia no es complacencia. Es el único camino que no termina en una retaliación futura.