La competencia entre Washington y Pekín dejó de ser exclusivamente militar o comercial para instalarse en los tribunales y en la redacción de normas técnicas. Como analiza Mark Jia en Foreign Affairs, China ha desarrollado una estrategia sofisticada para desafiar la hegemonía legal estadounidense, no mediante la confrontación directa, sino a través de la construcción paralela de instituciones y marcos normativos que compiten con el orden liberal occidental. Para Colombia, esta transición silenciosa tiene implicaciones más concretas y riesgosas que cualquier debate ideológico abstracto.
La ley como infraestructura blanda
Durante décadas, el sistema internacional operó bajo la premisa de que la integración económica conduciría inevitablemente a la convergencia normativa hacia estándares occidentales. Esa apuesta falló. Pekín ha demostrado que es posible participar en el mercado global manteniendo un ecosistema jurídico propio, diseñado para proteger sus intereses estratégicos y proyectar influencia. No se trata solo de aprobar leyes extraterritoriales para sancionar a empresas extranjeras, sino de exportar un modelo de gobernanza donde la seguridad del régimen prima sobre la independencia judicial o la transparencia contractual.
Este fenómeno se observa con claridad en la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Los contratos de infraestructura financiados por bancos chinos suelen incluir cláusulas de arbitraje en sedes asiáticas y sometimiento a legislaciones que difieren sustancialmente de los estándares del Banco Mundial o del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Cuando un país andino acepta estos términos para financiar una carretera o un puerto, está importando involuntariamente una arquitectura legal que debilita su propia seguridad jurídica ante futuros inversionistas occidentales.
El dilema andino entre dos órdenes
Para Colombia, el riesgo no es teórico. Nuestra economía depende del acceso preferencial al mercado estadounidense y de la confianza de los inversores institucionales que operan bajo reglas claras y predecibles. Sin embargo, la necesidad apremiante de cerrar brechas de infraestructura y diversificar socios comerciales nos empuja hacia acuerdos con capitales que no exigen las mismas garantías democráticas ni ambientales. El peligro radica en creer que podemos mantener relaciones económicas profundas con ambos bloques sin que exista fricción normativa.
La realidad es que los sistemas son cada vez menos compatibles. Si Colombia adopta estándares tecnológicos o financieros chinos en sectores sensibles —como redes 5G, vigilancia o sistemas de pago—, podría enfrentar barreras de acceso a mercados aliados o restricciones en cooperación técnica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido repetidamente sobre los riesgos de fragmentación regulatoria. No se trata de rechazar la inversión china, sino de entender que cada contrato firmado bajo un marco normativo alternativo tiene un costo de oportunidad en nuestra relación atlántica.
Además, existe un componente de política interna que no podemos ignorar. La adopción acrítica de modelos jurídicos autoritarios valida narrativas que buscan debilitar nuestras propias instituciones. En un momento donde la independencia judicial y la separación de poderes están bajo presión doméstica, importar prácticas que subordinan el derecho a la voluntad ejecutiva envía una señal peligrosa a los mercados y a la ciudadanía.
Hacia una diplomacia jurídica activa
La respuesta colombiana no puede ser la abstención ni la alineación automática. Necesitamos una diplomacia jurídica profesionalizada que evalúe cada acuerdo internacional no solo por su retorno financiero inmediato, sino por su compatibilidad con nuestro ordenamiento constitucional y nuestros compromisos internacionales. Esto implica fortalecer la capacidad técnica de nuestras cancillerías y ministerios para negociar cláusulas de arbitraje, protección de datos y transferencia tecnológica que salvaguarden la soberanía normativa.
También requiere honestidad intelectual. Debemos reconocer que el orden liderado por Estados Unidos tiene deficiencias y que la crítica china a su aplicación selectiva contiene verdades incómodas. Pero la alternativa que ofrece Pekín no es un multilateralismo más justo, sino un sistema jerárquico donde el derecho es instrumento de poder estatal, no límite al mismo. Para un país como Colombia, cuya seguridad y prosperidad dependen de la previsibilidad institucional, esa diferencia es existencial.
En última instancia, la batalla por la hegemonía legal definirá las reglas del comercio, la tecnología y la resolución de disputas para las próximas décadas. Quedarnos al margen o navegar sin brújula normativa es un lujo que nuestra posición geográfica y nuestra fragilidad institucional no permiten. La bitácora de navegación debe ser clara: defender el Estado de derecho no es solo una postura moral, es la única estrategia de supervivencia económica viable en un mundo fragmentado.