La aviación comercial enfrenta una transformación estructural que redefine la geografía energética del hemisferio. Mientras Europa y Estados Unidos endurecen sus mandatos de descarbonización, Colombia ha presentado una hoja de ruta para producir 100 millones de galones anuales de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés) hacia 2035, con una proyección de 450 millones para 2050. Esta ambición, respaldada por estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Airbus y LATAM, posiciona al país como un potencial hub regional. Sin embargo, pasar de la capacidad agroindustrial a la exportación competitiva requiere más que diagnósticos técnicos; demanda un marco de inversión que blinde los proyectos contra la volatilidad regulatoria doméstica.
Ventajas comparativas reales
A diferencia de otros intentos de reindustrialización basados en subsidios o protección arancelaria, la apuesta por el SAF se sustenta en ventajas factoriales verificables. Colombia cuenta con 42,9 millones de hectáreas con aptitud agrícola sin intervenir bosques ni áreas protegidas, según la Aeronáutica Civil. La existencia de una industria palmera consolidada y la producción de caña de azúcar ofrecen una base de insumos que, con un incremento del 20% en productividad, podría generar hasta 250 millones de litros anuales, superando las proyecciones de México, Chile y Perú.
La conectividad logística refuerza esta tesis. El Aeropuerto Internacional El Dorado se mantiene como el principal terminal de carga aérea de América Latina, movilizando cerca de un millón de toneladas anuales y conectando 26 países. Esta infraestructura reduce los costos de distribución hacia los mercados de consumo final en Norteamérica y Europa, donde la demanda de SAF superará la oferta local durante las próximas dos décadas. La producción del primer lote industrial en la Refinería de Cartagena en 2024 demostró que la capacidad técnica de coprocesamiento ya existe, validando la viabilidad operativa a escala comercial.
El riesgo regulatorio como barrera
El eslabón crítico no es la tierra ni la tecnología, sino la confianza inversionista. La hoja de ruta menciona el Proyecto de Ley 439 de 2024 y la definición de un reglamento técnico como mecanismos para otorgar seguridad jurídica. En un entorno donde el gobierno nacional ha mostrado tendencias intervencionistas en sectores estratégicos, la letra de estas normas es determinante. Los capitales internacionales que financian plantas de biorefinería operan con horizontes de retorno de 15 a 20 años y requieren garantías contractuales estables, no promesas políticas sujetas a cambios administrativos.
La iniciativa de crear un corredor regional de SAF con siete países, incluyendo Chile y Panamá, es un acierto diplomático y comercial. Establecer estándares armonizados facilita la integración en cadenas globales de valor y evita la fragmentación normativa que ha frenado otros mercados verdes en la región. No obstante, la cooperación internacional no sustituye la necesidad de un clima de negocios interno predecible. Si la regulación local impone controles de precios, restricciones a la exportación de insumos o incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, la ventaja logística de El Dorado y la capacidad de Ecopetrol perderán relevancia frente a competidores con marcos institucionales más sólidos.
Una oportunidad de mercado, no de ideología
Es fundamental entender el SAF como un commodity de exportación sujeto a las leyes de la oferta y la demanda global, no como un instrumento de política industrial discrecional. Los mandatos de la Unión Europea y las incentivos fiscales de Estados Unidos están creando un mercado artificial pero duradero; Colombia debe competir por esa cuota con eficiencia y escala, no con retórica. La participación de actores privados como LATAM y Airbus en los estudios de factibilidad señala que hay interés genuino del mercado, pero ese interés es condicional a la rentabilidad y al riesgo país.
La meta de 2035 es técnicamente alcanzable y económicamente racional. Representa una oportunidad para diversificar la canasta exportadora con un producto de alto valor agregado que aprovecha nuestra vocación agrícola sin sacrificar la seguridad alimentaria ni ambiental. El éxito dependerá de si el Estado logra actuar como facilitador de reglas claras en lugar de planificador central. En la competencia hemisférica por la inversión en energía sostenible, la seguridad jurídica es el combustible más escaso y, paradójicamente, el más necesario para despegar.