¿Cuántas veces tiene que temblar la tierra para que el Estado colombiano recuerde lo que sabe desde hace décadas? El sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, no fue una sorpresa geológica. Fue, en cambio, la confirmación brutal de una verdad que los mapas de riesgo, los informes internacionales y la memoria histórica llevan años gritando a oídos institucionales que prefieren la sordera. Cuando escribo estas líneas, las cifras oficiales hablan de 285 muertos, cerca de 4.000 heridos y casi 400 desaparecidos, números todavía provisionales mientras continúan las labores de rescate en Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Detrás de cada cifra hay una familia, y detrás de cada familia hay una pregunta que el debate público suele eludir: ¿cuánto de esta tragedia era evitable?
Colombia se asienta sobre la interacción de tres placas tectónicas —la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe—, una configuración que la convierte en uno de los territorios más sísmicamente activos del continente. A esa amenaza se suman inundaciones, deslizamientos, sequías e incendios que se repiten con una regularidad casi contable. El World Risk Report 2023 ubicó al país en el quinto lugar entre 193 naciones en exposición al riesgo, y el índice INFORM lo clasifica entre los que requieren atención prioritaria. Es decir: el riesgo no es una hipótesis académica, es un dato administrado. El Estado colombiano posee diagnósticos sofisticados, un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo creado por ley en 2012 y una Unidad Nacional con presencia territorial. Lo que no posee, al parecer, es la continuidad política para que esos instrumentos funcionen cuando no hay cámaras encendidas.
Aquí conviene recordar a Tocqueville, quien observó que las democracias tienden a ocuparse de lo urgente en detrimento de lo importante. La gestión del riesgo es el caso paradigmático de esa miopía: invertir en reforzamiento estructural de escuelas y hospitales, en cumplimiento del código de construcciones, en educación comunitaria para la evacuación, no produce votos ni titulares. Produce, eso sí, vidas salvadas, pero esas vidas no tienen rostro hasta que la tragedia las convierte en estadística. La memoria de Armero, donde en 1985 más de 20.000 personas murieron en una catástrofe anunciada por los científicos e ignorada por las autoridades, debería ser vacuna suficiente. No lo fue. Cada emergencia reactiva el mismo ciclo: dolor, solidaridad, promesas, comisiones, olvido.
Sería injusto, sin embargo, cargar toda la cuenta al gobierno de turno. La negligencia sísmica colombiana es transversal a las administraciones y a los niveles territoriales. Municipios que aprueban construcciones en zonas de amenaza, concejos que recortan presupuestos de prevención, ciudadanos —los colombianos debemos decirlo— que construyen sin licencia en laderas inestables: la vulnerabilidad es una cadena de decisiones, no un eslabón único. La cultura política del atajo, esa que celebra la obra inaugurada y desprecia el mantenimiento silencioso, tiene aquí su expresión más letal. Popper advertía que la sociedad abierta exige instituciones capaces de corregir errores sin esperar la catástrofe; Colombia parece necesitar la catástrofe para recordar que tiene instituciones.
Hay, con todo, elementos que merecen reconocimiento. La respuesta inicial de la fuerza pública y de los organismos de socorro, según los reportes disponibles, ha sido sostenida en condiciones de enorme dificultad logística, y la solidaridad ciudadana —esa red espontánea que ningún decreto puede replicar— volvió a mostrar lo mejor del carácter nacional. Pero la solidaridad no es política pública, y la heroicidad del rescatista no absuelve la omisión del planificador. Confundir ambas cosas es una forma elegante de no aprender nada.
La pregunta que queda, entonces, no es técnica sino moral: ¿está dispuesta la clase política colombiana a gastar capital político en lo que no se ve? Las lecciones del terremoto, como tituló con acierto la columna de El Pilón que motiva estas líneas, solo serán lecciones si sobreviven al ciclo de noticias. La tierra, mientras tanto, no negocia ni espera coyunturas electorales. Volverá a hablar. La única variable es si, para entonces, habremos decidido escuchar antes del estruendo y no después.