¿Cuántas veces debe temblar la tierra para que el Estado colombiano entienda que los terremotos no son fenómenos aislados, sino revelaciones periódicas de una negligencia estructural? El sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el Chocó —con epicentro en San José del Palmar y réplicas sentidas desde Cali hasta Manizales— no es una sorpresa geológica. Es la enésima confirmación de que habitamos un territorio condenado a la inestabilidad tectónica, pero no a la fragilidad institucional que lo acompaña. La diferencia entre el desastre natural y la catástrofe política reside precisamente en esa distinción: la primera es inevitable, la segunda es una elección.
La historia sísmica colombiana, documentada con rigor por El Colombiano, ofrece una lección que los gobiernos se niegan a aprender. El terremoto de 1906, con magnitud 8,8 frente a las costas del Pacífico, generó un tsunami que devastó Tumaco y El Charco; el de 1979, de 8,1, arrasó poblaciones costeras de Nariño con olas que penetraron kilómetros tierra adentro. Ambos fueron eventos de magnitud extrema, pero su impacto humano estuvo determinado por la pobreza de las construcciones y la ausencia de sistemas de alerta. Sin embargo, son los sismos de menor energía los que suelen dejar las cicatrices más profundas en la memoria colectiva. El terremoto de Popayán en 1983, el de Armenia en 1999, el de Sonsón en 1962 —con magnitudes entre 6,5 y 6,9— causaron estragos desproporcionados porque golpearon centros urbanos donde la normatividad sísmica era letra muerta o directamente inexistente.
Aquí reside la paradoja que debería avergonzar a cualquier administración: Colombia cuenta desde 1984 con un Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente (NSR-84), actualizado en 1998 y 2010, que establece estándares técnicos rigurosos. Sin embargo, la realidad de las edificaciones colapsadas en Pereira, Cali y Manizales tras el sismo de este lunes sugiere que el cumplimiento de esa norma sigue siendo la excepción en las periferias urbanas y en el sector informal. El problema no es técnico sino político: la inspección de obras, la certificación de materiales y la sanción de irregularidades dependen de autoridades locales que históricamente han preferido la complacencia con el sector constructor a la protección de la vida humana. Cuando Tocqueville observó que las democracias son capaces de grandes sacrificios pero incapaces de pequeñas prevenciones constantes, describía precisamente esta miopía institucional.
La declaración de desastre nacional emitida por el gobierno —que habilita mecanismos extraordinarios de contratación y transferencia de recursos— es una herramienta necesaria pero insuficiente. El historial de estas declaratorias en Colombia revela un patrón preocupante: la emergencia agiliza la respuesta inmediata, pero rara vez se traduce en reconstrucción con estándares superiores ni en auditorías exhaustivas de las estructuras que fallaron. La reubicación de Murindó tras el terremoto de 1992 en el Atrato Medio, donde la magnitud 7,1 destruyó casi todas las construcciones, demuestra que es posible reconstruir con criterios de resiliencia. Pero ese caso fue excepcional por su escala rural y la visibilidad internacional que recibió. En las ciudades intermedias, donde la presión inmobiliaria es mayor y los recursos de supervisión menores, la tentación de reconstruir rápido y barato suele imponerse sobre la prudencia ingenieril.
El llamado de Pablo Arbeláez, veterano periodista que cubrió los terremotos de Sonsón, Popayán y Armenia, a que el gobierno saliente y el entrante dejen a un lado los egos, merece atención precisamente porque viene de quien ha visto cómo la politización de las emergencias agrava el sufrimiento. La transición presidencial que atraviesa el país no puede convertirse en excusa para la parálisis institucional ni en oportunidad para el clientelismo de la reconstrucción. La experiencia comparada —desde el terremoto de México de 1985 hasta el de Chile de 2010— demuestra que la continuidad burocrática y la profesionalización de los equipos técnicos son más determinantes que la voluntad política declamada en los discursos. Colombia necesita que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres opere con autonomía técnica, no como dependencia del vaivén electoral.
Hay, sin embargo, un elemento que este sismo pone sobre la mesa y que trasciende la respuesta estatal: la cultura ciudadana de la prevención. Los kits de emergencia, las rutas de evacuación, la identificación de zonas seguras en los hogares son prácticas que no pueden depender exclusivamente de campañas gubernamentales esporádicas. La sociedad abierta que defendía Popper requiere ciudadanos que asuman su corresponsabilidad en la gestión del riesgo, que exijan certificados de habitabilidad sísmica antes de adquirir vivienda, que participen en simulacros sin la resignación de quien cumple un trámite. La fragilidad de las instituciones no justifica la pasividad individual.
El terremoto de San José del Palmar pasará a los registros históricos como el más fuerte de la última década en Colombia. Pero su verdadera medida no está en la escala de Richter sino en la capacidad del país para convertir la emergencia en reforma estructural. Si dentro de cinco años las mismas grietas aparecen en edificaciones nuevas, si los mismos municipios carecen de planes de contingencia actualizados, si la normatividad sísmica sigue siendo papel sin dientes, entonces habremos confirmado que en Colombia los terremotos no destruyen: simplemente iluminan lo que ya estaba roto. La pregunta que queda es si estamos dispuestos a mirar esa luz o preferimos esperar, una vez más, a que la tierra nos obligue a cerrar los ojos.