El subintendente Algemiro Rodelo Canchila, con 18 años de servicio en la Policía Nacional, murió en la madrugada del 8 de agosto en una acción armada contra una subestación de Policía en el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, Cesar. El hecho, reportado por Caracol Radio como un ataque terrorista contra la fuerza pública, volvió a poner sobre la mesa una alerta conocida en el centro del departamento: la de un territorio donde los uniformados son blanco recurrente y donde la respuesta institucional suele llegar después de los hechos.
Como reportó Caracol Radio, desde el lugar de los hechos las autoridades departamentales rechazaron el ataque y expresaron solidaridad con la familia del uniformado. Pero el llamado central fue dirigido al presidente Abelardo de la Espriella: las autoridades del Cesar solicitaron que este lunes el ministro de Defensa se desplace hasta Curumaní para presidir un consejo de seguridad en territorio, con el fin de diseñar un plan estratégico que cubra no solo al municipio afectado sino al centro, norte y sur del departamento.
La petición tiene dos componentes que conviene leer por separado. El primero es político: un consejo de seguridad encabezado por el ministro en la zona del atentado, y no desde Bogotá, es una señal de que el Gobierno reconoce la gravedad del momento y la necesidad de interlocución directa con las autoridades locales. Es, además, una exigencia razonable: cuando un uniformado con casi dos décadas de servicio muere en una subestación, la respuesta no puede limitarse a comunicados.
El segundo componente es técnico. La Gobernación del Cesar pidió avanzar en un proyecto antidrones que, según lo informado por Caracol Radio, ya habría sido radicado ante el Gobierno Nacional. La solicitud apunta a dotar a la Fuerza Pública de capacidades de detección y respuesta frente a ataques con ese tipo de artefactos, una modalidad que en los últimos años ha ganado protagonismo en la violencia contra uniformados en distintas regiones del país.
Aquí es donde la columna debe hacerse preguntas incómodas. ¿Cuál es el estado actual del proyecto antidrones radicado? ¿Qué recursos se le asignaron en el presupuesto vigente? ¿Qué capacidad operativa adicional se proyecta para los municipios del centro del Cesar, históricamente golpeados por la convergencia entre grupos armados residuales, estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y economías ilegales que financian a ambos? Sin respuestas concretas, el consejo de seguridad corre el riesgo de convertirse en otro encuentro protocolario.
La muerte del subintendente Rodelo Canchila no puede quedar en la estadística de fin de semana. Su trayectoria de 18 años dentro de la institución policial es un recordatorio de que la seguridad en el Cesar no se resuelve con presencia intermitente ni con anuncios desde la capital. Las autoridades departamentales hicieron lo que les corresponde: pedirle al Gobierno Nacional que se haga presente en el territorio y que articule una respuesta sostenida. Ahora corresponde al Ejecutivo responder si esa presencia será efectiva o meramente simbólica.