El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció que, de llegar a la Casa de Nariño, designará al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa, según reportó El Nuevo Día de Ibagué. La ficha es un oficial en retiro con 36 años de servicio en el Ejército Nacional y experiencia acreditada por el propio medio regional en inteligencia militar, planeación estratégica, conducción de operaciones y coordinación interinstitucional.
La decisión tiene una lectura política que este medio considera relevante. Un candidato que se presenta como alternativa de mano firme frente al deterioro del orden público eligió a un general retirado para encabezar la cartera de seguridad. El Nuevo Día transcribió una declaración de De la Espriella en la que aseguró que su designado envía un mensaje de respaldo a soldados y policías y de compromiso con la recuperación de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.
Esa promesa, formulada en términos amplios, abre interrogantes que la columna sí debe formular. ¿Con qué plan presupuestal concreto se piensa avanzar cuando el Ministerio de Defensa arrastra restricciones de caja y compromisos derivados de la ley de garantías? ¿Cómo se traducirá el anuncio de transparencia en controles efectivos sobre la contratación militar, uno de los capítulos históricamente más opacos del gasto público colombiano? ¿Qué articulación se plantea con la Fiscalía y la Judicatura para que la invocada autoridad no derive en un cheque en blanco a la tropa?
La línea editorial de La Bitácora es nítida en este punto. Defendemos la fuerza pública profesional, no la fuerza pública politizada. Un general retirado puede ser un buen ministro si entiende que su tarea es restaurar capacidades institucionales, no operar como ariete electoral. La diferencia entre una cosa y la otra se mide en indicadores verificables: reducción de las cifras de violencia, respeto a la cadena de mando civil y contratación pública auditada por los organismos de control.
El Nuevo Día enumeró cinco prioridades que, según el propio anuncio, orientarían al eventual nuevo ministerio: recuperar capacidad operativa, modernizar recursos técnicos y tecnológicos, fortalecer la transparencia, mejorar la sostenibilidad financiera del sector y consolidar una estrategia regional de seguridad desde el primer día. Son tareas que cualquier titular de la cartera hereda; la cuestión es si aquí se anuncian como punto de partida o como diagnóstico tardío.
Hay, además, un antecedente institucional que esta columna no puede pasar por alto. Distintos exministros de Defensa han enfrentado investigaciones, sanciones o cuestionamientos disciplinarios, según reportes de la Contraloría y la Procuraduría que han sido consignados por la prensa nacional. La sola trayectoria militar no basta para blindar al nuevo gabinete: se requiere, desde el día uno, un código de conducta público, declaraciones de bienes actualizadas y una política de puertas abiertas con los organismos de control.
La línea editorial de centro-derecha institucionalista que defendemos suele mirar con simpatía los nombramientos que reconocen el sacrificio de la Fuerza Pública. Pero esa misma mirada exige rigor: los gestos simbólicos deben acompañarse de cifras, cronogramas y mecanismos de fiscalización. Un ministerio encabezado por un oficial con 36 años de carrera tiene a su favor la disciplina del uniforme; le falta demostrar que esa disciplina se traduce en gestión pública sometida al control de los otros poderes del Estado.
Por ahora lo único cierto es lo publicado: un mayor general en retiro, con 36 años de carrera, queda postulado para encabezar la política de seguridad de un eventual gobierno. El resto —plan de mando, presupuesto, indicadores, rendición de cuentas— está por escribirse, y desde La Bitácora lo seguiremos con lupa.