A poco menos de un mes de la posesión presidencial del 7 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el desmonte de la política de Paz Total y la reactivación de órdenes de captura contra máximos cabecillas de organizaciones criminales. El pronunciamiento, divulgado el 5 de julio por redes sociales, se articula, según lo informado por Vanguardia, con un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y una convocatoria a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
De la Espriella descartó nuevas negociaciones que contemplen beneficios extraordinarios para grupos armados y planteó un giro hacia el sometimiento ante la justicia ordinaria. Como registró el mismo medio, la instrucción que se proyecta dar a la Fiscalía General de la Nación apunta a reactivar capturas que habían sido suspendidas en el marco de la Paz Total y a revisar los beneficios otorgados en los procesos de diálogo con organizaciones ilegales.
La Paz Total, que el gobierno saliente concibió como estrategia de negociación simultánea con guerrillas, disidencias y estructuras criminales, ha sido objeto de cuestionamientos por hechos de violencia persistentes en varias regiones. Esa herencia marca el punto de partida del nuevo gobierno: desmontar un esquema que, según el propio gobierno electo, no produjo los resultados anunciados en reducción de la violencia.
Dicho esto, el anunciado giro merece tres preguntas que conviene formular antes de que se traduzca en actos administrativos.
Primero, separación de poderes. La Fiscalía es, conforme al artículo 250 de la Constitución, un ente constitucionalmente autónomo. Cualquier directriz presidencial sobre capturas suspendidas por decisión del Ejecutivo anterior debe coordinarse con la Fiscalía y respetar su independencia. ¿Cómo se traducirá esa instrucción sin comprometer la autonomía del ente acusador? La respuesta se litigará, si llega a tensarse, ante la Corte Constitucional y ante la opinión pública con nombres de fiscales delegados.
Segundo, seguridad jurídica de los beneficios ya otorgados. Si en desarrollo de la Paz Total se concedieron suspensiones condicionales de la pena, amnistías o tratamientos especiales al amparo de la Ley 2272 de 2022, revertirlos exige un procedimiento judicial o legislativo específico. ¿Qué ruta jurídica concreta piensa usar el nuevo gobierno para revisar esos beneficios sin afectar el debido proceso de quienes se acogieron a esos marcos?
Tercero, la coherencia operativa de la estrategia. El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y la convocatoria a los cinco alcaldes principales son anuncios sin estructura operativa visible: no se conoce aún el decreto reglamentario, la fuente presupuestal ni el mando unificado que los articularía. ¿Qué indicadores verificables se proponen para medir resultados, y en qué plazos?
Este medio ha sostenido de forma consistente que la Paz Total, tal como se implementó, mezcló objetivos legítimos de desescalamiento con un uso político del proceso que debilitó la fuerza pública profesional. Una transición ordenada hacia el sometimiento a la justicia ordinaria puede ser defendible, siempre que se haga con respeto al debido proceso, a la autonomía judicial y a la trazabilidad presupuestal de los recursos de seguridad. Criticar la Paz Total no obliga a aceptar cualquier alternativa: obliga a pedir, como mínimo, el mismo nivel de cifras, cronogramas y controles que se le exigieron a la política anterior.
La posesión está a 32 días. Entre el anuncio y la ejecución queda margen para que el gobierno entrante precise el alcance jurídico de cada decisión. La oposición debería evaluar las propuestas por sus méritos técnicos, y no por rechazo ideológico. Y la sociedad colombiana merece saber, con cifras y cronogramas, qué cambia concretamente el 7 de agosto.