Abelardo de la Espriella, presidente electo, anunció el 6 de julio al mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como próximo ministro de Defensa. La comunicación, según reportó El Colombiano, se redujo a una frase elogiosa del electo y a la fórmula “¡Gloria al soldado!”. No hubo perfil profesional, ni reseña de la trayectoria en la reserva, ni enumeración de cargos. Esa opacidad es, en sí misma, el primer dato relevante.
Un ministerio de Defensa no es una cartera cualquiera. Coordina la relación del Ejecutivo con las Fuerzas Militares, ejecuta la política de seguridad y defensa, y responde ante el Congreso por el orden público, la lucha contra los grupos armados organizados, el narcotráfico y la protección de infraestructura estratégica. Su titular comparece ante las comisiones segundas del Senado y la Cámara, sustenta el presupuesto del sector —el de mayor peso en el funcionamiento del Estado— y sostiene interlocución técnica con Washington, Brasil, la OTAN y los organismos multilaterales de los que Colombia forma parte. La idoneidad, en este campo, no se presume: se acredita.
Hay tres preguntas que el gobierno electo debería responder antes de la posesión. Primera: ¿cuál es la trayectoria completa de Mora López, en qué unidades sirvió, en qué años y bajo qué comandantes? Segunda: ¿qué distancia asume respecto del gobierno saliente, cuya política de seguridad ha sido cuestionada por distintos analistas y exministros consultados por la prensa nacional? Tercera: ¿cuál es la posición del designado frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, frente a los acuerdos de cooperación con Estados Unidos y frente a la continuidad de la asistencia militar estadounidense?
La Bitácora ha sostenido que la defensa no admite improvisaciones. La profesionalización de la fuerza pública, la separación entre inteligencia y operaciones, y el respeto a los derechos humanos no son consignas: son la columna vertebral de cualquier estrategia seria contra el crimen organizado. Un ministro sin trayectoria pública verificable, sin un perfil técnico publicado y sin un equipo de transición identificado llega al cargo en condiciones de debilidad. Esa debilidad la pagan, después, los soldados, los policías y los ciudadanos.
El presidente electo tiene derecho a escoger a su gabinete. Pero también tiene la obligación, ante el país, de explicar por qué lo escoge. Por ahora, el anuncio de De la Espriella es una declaración de intenciones, no una política. La distancia entre ambas cosas se medirá en los próximos 30 días, cuando se conozca el equipo ministerial completo, los criterios de selección y, sobre todo, las primeras decisiones en materia de orden público. Hasta entonces, el país habrá visto un nombre y una frase. Para una cartera como esta, eso es poco.
Como reportó El Colombiano, la nota original se mantiene en desarrollo y la comunicación oficial se limitó a una caracterización elogiosa del designado, sin mayores detalles biográficos. Esa brevedad, en una cartera como esta, debería preocupar a propios y ajenos.