El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, del partido Creemos, radicó un proyecto de ley que pretende derogar apartes centrales de la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total. Según reportó Infobae Colombia, la iniciativa apunta a impedir que estructuras criminales de origen no político reciban tratamiento político y a reactivar las medidas de aseguramiento y condenas hoy suspendidas para integrantes de esas organizaciones.
El anuncio no se hizo en un salón del Capitolio, sino desde un centro carcelario de alta seguridad del Valle de Aburrá. Como describió Infobae Colombia, desde ese penal se ha discutido la llamada paz urbana, una de las líneas más cuestionadas del Ejecutivo. El lugar donde se presentó la iniciativa no es un detalle menor: define el tono político del debate.
Molina sostiene, según Infobae Colombia, que la ley vigente habría otorgado facultades excesivas al Gobierno y habría permitido levantar órdenes de captura contra jefes del ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. En palabras del congresista, recogidas por ese medio, ningún gobierno puede permitir que los delitos de los cabecillas de organizaciones criminales queden sin respuesta judicial, ni puede abrir un proceso de paz sin una ley previa de sometimiento con reglas claras.
La propuesta contiene tres ejes verificables. Primero, excluye del tratamiento político a las organizaciones criminales de origen no político. Segundo, ordena reactivar las medidas de aseguramiento y las condenas suspendidas una vez entre en vigencia la reforma. Tercero, condiciona cualquier futura negociación a la existencia previa de una ley de sometimiento con reglas claras.
La discusión de fondo es institucional, no retórica. La Paz Total fue concebida como una arquitectura legal amplia para habilitar diálogos simultáneos con múltiples estructuras armadas. Sus críticos, entre ellos Molina, sostienen que esa amplitud habría terminado por equiparar, en la práctica, a grupos políticos como las Farc con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, sin que existiera un marco de sometimiento diferenciado. Sus defensores argumentan que la negociación requiere flexibilidad y que la criminalización previa cierra cualquier puerta.
El proyecto llega en un momento de alta sensibilidad. El Valle de Aburrá vive una reconfiguración violenta tras la fragmentación del Clan del Golfo y la aparición de nuevas células. ¿Tiene el Congreso la competencia para redefinir qué estructuras pueden sentarse a negociar y bajo qué condiciones? ¿O esa decisión corresponde al Ejecutivo en cabeza de quien gane las próximas elecciones?
Para La Bitácora, el debate merece seriedad y no caricaturas. Si la Ley 2272 de 2022 efectivamente permitió que cabecillas con orden de captura circularan en libertad mientras se suspendían condenas, el Congreso tiene la obligación de corregirlo. Pero también tiene la obligación de no sustituir una política de seguridad por otra igualmente improvisada. Una reforma de este calibre exige audiencias públicas con víctimas, concepto de la Corte Constitucional sobre la figura de tratamiento político, y un análisis técnico de qué estructuras quedarían efectivamente excluidas del proceso.
El proyecto de Molina abre, por fin, la discusión legislativa que el Gobierno saliente evitó durante cuatro años. Que ese debate empiece desde un centro carcelario del Valle de Aburrá, y no desde un escritorio ministerial, es una declaración política en sí misma.