El jueves 11 de junio, una actividad proselitista en el Parque de los Hippies, localidad de Chapinero, concluyó con denuncias vecinales por consumo de sustancias psicoactivas, vandalismo y afectación del espacio público. Según reportó Infobae Colombia, los gestores de convivencia requirieron a los organizadores la documentación que respaldara la instalación de la tarima, y los convocantes no la presentaron. La Alcaldía de Carlos Fernando Galán resolvió no desplegar acciones policiales, argumentando que la reunión fue inscrita como actividad política. El criterio puede leerse como razonable para evitar la estigmatización del activismo, pero deja en evidencia una falla operativa: cualquier concentración que ocupe bienes de uso público requiere, como mínimo, una solicitud formal ante la entidad distrital competente.
No es un hecho aislado. El 4 de junio, una movilización de apoyo a Iván Cepeda en el sector del Park Way, en Teusaquillo, terminó en confrontaciones frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella. La campaña del candidato de Salvación Nacional, por intermedio de su gerente de regiones Jaime Andrés Beltrán, sostuvo que simpatizantes del Pacto Histórico habrían intentado agredir a quienes permanecían en el interior. Infobae consignó que un integrante del esquema de seguridad del aspirante desenfundó un arma de dotación para, presuntamente, repeler la agresión. La versión es parcial y corresponde a una sola de las partes, por lo que corresponde aguardar los resultados de las indagaciones de la Fiscalía y de la Policía. Sin embargo, la sola presencia de un arma de fuego en una confrontación política es un hecho grave que amerita esclarecimiento inmediato.
Los dos episodios, separados por una semana, configuran, como mínimo, un patrón de falta de coordinación. La reiteración sugiere que algo no está funcionando en la logística de las convocatorias en Bogotá, ni en los filtros de quienes organizan, ni en los mensajes que se transmiten a los asistentes. Esto no convierte a su electorado en violento por definición, como sugieren algunos trinos recogidos por Infobae, y sería injusto estigmatizar a miles de ciudadanos que participan de forma pacífica en sus actividades. Pero tampoco exime a los organizadores de la responsabilidad legal y política sobre lo que ocurre en sus propias convocatorias.
El problema de fondo es doble. Primero, normativo: si un acto se presenta como actividad política para eludir el control policivo, los organizadores deben sujetarse al régimen de garantías de la protesta y a las normas de uso del espacio público. Obtener un permiso no vulnera la libertad de expresión; por el contrario, blinda al convocante frente a abusos y permite a la autoridad dimensionar el dispositivo de convivencia. La omisión traslada el costo al vecindario, que termina pagando en vandalismo y en miedo lo que la organización no quiso regular.
Segundo, político. Iván Cepeda es un dirigente con larga trayectoria en la defensa de derechos humanos. ¿Basta con que la campaña desmienta o relativice los hechos? ¿Se requiere un deslinde explícito con lo ocurrido en el Parque de los Hippies y un pronunciamiento de fondo sobre la jornada del Park Way? Son preguntas que la opinión pública tiene derecho a formular. La ambigüedad alimenta lecturas que esta columnista no comparte como juicio cerrado, pero que se fortalecen cuando la propia campaña no entrega una versión verificable de los hechos.
En el otro extremo, los mensajes que circulan en redes contra Cepeda y el Pacto Histórico, también recogidos por Infobae, están escritos en un lenguaje inaceptable. Llamar desadaptados a simpatizantes o desearles castigo en tono de burla no es crítica política: es agresividad. La polarización se retroalimenta cuando cualquier disturbio se usa para descalificar a un electorado completo. La respuesta institucional y la sanción a los eventuales responsables del vandalismo, si se acreditan, debe pasar por la inspección de la Alcaldía Local de Chapinero, por la Secretaría de Gobierno y, si hay lugar, por la Fiscalía.
La segunda vuelta se juega, en gran medida, en la percepción de orden y de respeto a la norma. Quien aspire a la Casa de Nariño debe demostrar que su movimiento es capaz de hacer política dentro del ordenamiento, no al margen. Por ahora, los hechos conocidos sugieren lo contrario, y corresponde a la propia campaña despejar la duda con hechos verificables, no con comunicados ambiguos.