La segunda vuelta del 21 de junio quedó atrapada en una controversia de gravedad institucional. El 8 de junio, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, divulgó un comunicado en el que asegura haber recibido, “por distintas vías”, información sobre un presunto montaje de autoatentado controlado contra su rival, Abelardo de la Espriella, en la recta final de la campaña. Según reportó El Universal de Cartagena, la supuesta operación se gestaría al interior del movimiento Defensores de la Patria, y Cepeda anunció que remitirá los datos a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta última para que evalúe eventuales refuerzos al esquema de seguridad del propio De la Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.
La respuesta de De la Espriella, registrada por el mismo medio, calificó la denuncia como producto del “desespero” de su contendor. Sostuvo además que a su equipo también llegaron rumores sobre un eventual autoatentado preparado por el lado Cepeda, versión que decidió no difundir por considerarla irresponsable, en sus propias palabras, por los antecedentes de sufrimiento asociados a la confrontación armada en el país.
La controversia se inscribe en un contexto documentado por la misma cobertura. De la Espriella ha denunciado en varias oportunidades amenazas contra su vida y suele participar en actos públicos protegido por cristales blindados, con apariciones eventuales en chaleco antibalas, de acuerdo con El Universal. La primera vuelta del 31 de mayo, según el mismo reporte, dejó una diferencia estrecha: 10,3 millones de votos para De la Espriella (43,78 %) y 9,7 millones para Cepeda (40,98 %), cifras que la Registraduría deberá confirmar con datos oficiales definitivos.
Conviene separar lo que esta columna puede juzgar de lo que corresponde a la justicia. Primero: una denuncia de esta naturaleza no puede quedarse en el comunicado de prensa. Si Cepeda dispone de información específica sobre un plan, los nombres, las fechas y los mecanismos deben llegar cuanto antes al expediente judicial, con los soportes que la respalden. Segundo: la respuesta de De la Espriella, al invertir la acusación sin presentarla formalmente, tampoco desplaza el peso de la denuncia original. La simetría retórica no equivale a simetría probatoria, y la prudencia procesal es la única manera de que un eventual hallazgo pueda presentarse como prueba y no como insumo de campaña.
Hay un tercer elemento que no puede dejarse de lado. El cuadro de riesgo en torno a De la Espriella, construido a lo largo de meses según la cobertura periodística, otorga credibilidad estructural a la preocupación por su seguridad. Pero, precisamente por esa razón, la denuncia exige más rigor y menos cálculo electoral. ¿Qué ganaría una campaña con una filtración calculada a 13 días de los comicios? ¿Y qué se pierde al sugerir, sin presentar, una versión inversa sobre el adversario? La violencia política en Colombia tiene historia, víctimas y responsables documentados. Tratarla como pieza de la recta final, sea denunciándola o insinuándola sobre el contendor, compromete un riesgo real y empaña el debate.
A la Fiscalía le corresponde una prueba institucional nítida. La denuncia llega en la recta final, involucra a un candidato en ejercicio y a un contendor directo, y se entrelaza con un esquema de protección que ya estaba reforzado. ¿Cuál es la ruta procesal adecuada cuando una denuncia de esta naturaleza se presenta a 13 días de una elección? Cualquier pronunciamiento temprano sin investigación previa resultará contraproducente. La reserva del caso no es indiferencia; es la condición para que las conclusiones, si las hay, tengan valor probatorio.
A la UNP le corresponde, como el propio Cepeda lo reconoció, revisar el nivel de riesgo del binomio de Defensores de la Patria y, si la evaluación técnica lo justifica, ajustar las medidas. No conviene mezclar esa tarea técnica con la controversia electoral. El esquema de protección funciona sobre criterios objetivos de amenaza, no sobre la polarización del momento.
Quedan 13 días para la segunda vuelta. La decisión de los cerca de 19,9 millones de colombianos que habrían sufragado el 31 de mayo —cifra preliminar de El Universal pendiente de confirmación oficial de la Registraduría— se tomará en un clima de desconfianza recíproca que ambas campañas han contribuido a alimentar. La columna reclama lo mínimo: que la denuncia llegue a la Fiscalía con los soportes que la respalden, que la Fiscalía actúe con la reserva que el caso amerita y que ambos candidatos asuman que la seguridad del contendor no es un tema de propaganda. Es, también, una exigencia de la dignidad del voto.