¿Quién decide qué conductas son tolerables en el espacio común y con qué criterio lo decide? La pregunta suena abstracta, casi de seminario de teoría política, pero este fin de semana se formuló de manera concreta en la plazoleta de comidas de un centro comercial del norte de Bogotá, cuando un vigilante privado se acercó a una pareja de hombres que se besaba frente a una cámara de celular y les advirtió que ese tipo de demostraciones no eran admisibles en el lugar, so pena de ser expulsados de él. El episodio, difundido por los propios afectados y por un tercero que grabó la escena, se volvió viral en cuestión de horas y obligó al centro comercial Andino a emitir un comunicado en el que reconoció que la pareja no incurrió en conducta alguna que justificara el llamado de atención.
El caso tiene una primera capa, la más visible, que es la de la discriminación. La respuesta del joven al vigilante —que una pareja heterosexual no habría recibido la misma advertencia— es una conjetura, pero una conjetura razonable que la propia administración del centro comercial no se atrevió a contradecir. El comunicado habla de activar protocolos con la empresa de seguridad, reforzar capacitaciones y pedir disculpas a los afectados. Es la respuesta correcta, y conviene decirlo sin regateos: una empresa que reconoce el error en horas, en lugar de atrincherarse en la negación, hace lo que la lógica reputacional y la decencia elemental exigen. La Alcaldía, por su parte, puso a disposición su Unidad Contra la Discriminación y quedó a la espera de que los jóvenes decidan si desean acompañamiento. Hasta ahí, el sistema funcionó como debe funcionar: la víctima habla, la institución responde, el Estado ofrece su brazo sin imponerlo.
Pero hay una segunda capa que merece más atención de la que habitualmente recibe, y es la que da título a esta columna. El vigilante no actuó como un ciudadano cualquiera que expresa una opinión desagradable; actuó investido de una autoridad delegada, con uniforme, con la capacidad efectiva de expulsar a alguien de un lugar que, aunque de propiedad privada, cumple en la vida urbana contemporánea la función que antes cumplían la plaza pública y el parque. Tocqueville observó que la democracia no vive solo de las leyes sino de las costumbres, de esas normas no escritas que regulan el trato cotidiano. La pregunta incómoda es quién custodia esas costumbres en los espacios que son privados en la titularidad pero públicos en la práctica. Cuando esa custodia queda en manos de un guarda de seguridad con formación deficiente y criterio propio, el resultado es que la norma no escrita se convierte en la norma del prejuicio personal del que vigila.
Aquí cabe una precisión que los liberales no debemos eludir. La defensa de la propiedad privada incluye, en principio, la facultad del propietario de establecer reglas de conducta en sus predios. Pero esa facultad tiene límites que el ordenamiento colombiano ha fijado con claridad: la Constitución prohíbe la discriminación por orientación sexual, y la jurisprudencia constitucional ha extendido esa protección a los espacios abiertos al público aunque sean de titularidad privada. Un centro comercial no puede prohibir los besos entre personas del mismo sexo como no podría prohibir la entrada a personas de determinada raza. La libertad de empresa no ampara la arbitrariedad. Y cuando el propio establecimiento reconoce que no existía regla alguna que la pareja estuviera violando, el incidente deja de ser un debate sobre los límites de la propiedad y se convierte en lo que es: un acto de discriminación ejercido por un funcionario que confundió su malestar personal con el reglamento.
Hay, sin embargo, una tercera capa que conviene examinar con honestidad, porque la indignación en redes sociales, aunque esta vez esté del lado correcto, no es un mecanismo confiable de justicia. La misma viralidad que hoy pone en evidencia a un vigilante discriminador puede mañana destruir la reputación de alguien sobre la base de un video incompleto o de una versión unilateral. En este caso, la existencia de una grabación de terceros y la pronta confirmación del centro comercial redujeron el margen de duda, pero no siempre será así. La sociedad abierta que Popper defendía necesita instituciones que procesen estos conflictos con garantías, no solo multitudes digitales que los sentencian en horas. Que la pareja haya recibido disculpas y que la empresa de seguridad enfrente un protocolo es el desenlace adecuado; que todo haya dependido de la viralidad es el síntoma preocupante. ¿Cuántos episodios idénticos, sin cámara de por medio, terminan simplemente en una pareja humillada que abandona el lugar en silencio?
El comunicado del Andino afirma que el episodio no refleja sus principios. Es una frase de manual de crisis, pero encierra una verdad que vale la pena tomar en serio: los principios no se declaran, se entrenan. Una empresa que terceriza su seguridad terceriza también, en parte, la aplicación práctica de sus valores, y si no invierte en que quienes ejercen esa autoridad delegada comprendan que su función es proteger a las personas y no vigilar sus afectos, el comunicado de hoy será el borrador del comunicado de mañana. Lo mismo cabe decir del Distrito, cuya oferta de acompañamiento es bienvenida pero cuya capacidad real de prevención sigue siendo una asignatura pendiente en una ciudad que se precia de sus políticas de diversidad.
Los colombianos hemos aprendido, a costa de muchas derrotas, que la igualdad ante la ley no se agota en el texto constitucional: se construye en la plazoleta de comidas, en la fila del banco, en el salón de clase. El beso de dos jóvenes en un centro comercial no es una provocación; es un acto tan ordinario como el de cualquier pareja, y esa ordinaria es precisamente la medida de la igualdad conquistada. El guardián que lo interrumpe no está defendiendo el orden; está revelando que el orden que imagina todavía tiene ciudadanos de primera y de segunda. La respuesta institucional fue rápida y correcta. La pregunta que queda es si estamos dispuestos a que la próxima vez no haga falta un video viral para que lo sea.