¿Cuánto vale una bandera? La pregunta parece retórica, casi ociosa, hasta que uno revisa el parte del sábado en el estadio El Campín: diecisiete personas afectadas, un partido suspendido en el minuto 33, jugadores encerrados en los camerinos, un Puesto de Mando Unificado activado como si se tratara de un desastre natural y no de un partido de fútbol. Todo, según el secretario de Gobierno de Bogotá, porque integrantes de una barra visitante intentaron arrebatarle un trapo con colores a una barra local. La respuesta que la ciudad le da a esa pregunta, una vez más, es que la bandera vale más que la convivencia, más que el espectáculo y, en el límite, más que la integridad física de quienes asistieron a ver un partido que terminó, por cierto, 0-0. Un empate sin goles y con heridos: la metáfora se escribe sola.
Hay algo profundamente revelador en la mecánica del incidente. No fue una provocación espontánea entre desconocidos ni un accidente de la multitud. Fue, según la versión oficial, un ritual de afirmación territorial: el robo de la bandera como acto de dominación simbólica, la respuesta violenta como defensa del honor colectivo. Los antropólogos reconocerían en la escena una lógica arcaica, la del estandarte que no se toca, la del totem del clan. Que esa lógica siga operando en pleno siglo XXI, en un estadio de la capital, con cámaras, requisas y protocolos, dice menos sobre el fútbol que sobre el vacío que las barras llenan en la vida de muchos jóvenes: pertenencia, jerarquía, sentido. Tocqueville advertía que cuando las asociaciones intermedias se debilitan, la sociedad queda expuesta a formas primitivas de agrupación. La barra brava es, en buena medida, la parodia degradada de la asociación cívica: comunidad sin deliberación, lealtad sin propósito, identidad sin proyecto.
La reacción institucional, hay que decirlo con justicia, fue razonablemente ordenada. La Policía intervino, el PMU coordinó, se evacuó un sector de la hinchada visitante, el partido se reanudó y nadie resultó herido de gravedad. El alcalde Galán calificó los hechos de inaceptables y anunció que el caso irá a la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con reunión extraordinaria prevista para el lunes. Todo correcto en la forma. Pero la forma es precisamente el problema: Bogotá lleva años celebrando comisiones, pactos y procesos de “fútbol en paz”, y los incidentes se repiten con la regularidad de un calendario paralelo. La pregunta incómoda es si estas instancias, que incluyen a representantes de las propias barras, administran el fenómeno en lugar de resolverlo; si la convivencia negociada con quienes ejercen la violencia no termina siendo, mutatis mutandis, una forma de concesión.
El punto más delicado del episodio es el que el propio secretario Quintero puso sobre la mesa: la posible presencia de armas blancas dentro del estadio, algo que deberán establecer las autoridades, y la responsabilidad de las requisas, que según el funcionario recae en el equipo organizador. Aquí la cadena de responsabilidades se vuelve difusa por diseño. El Distrito señala al club, el club suele señalar a la empresa de seguridad, la empresa a la Policía, y la Policía a la logística del evento. Mientras tanto, los objetos prohibidos entran. Si se confirma que ingresaron armas al Campín, no estaremos ante una falla menor de protocolo sino ante una evidencia de que el control de acceso es, en la práctica, una ficción negociable. Y una ficción de esa naturaleza, en un escenario con decenas de miles de personas, es un riesgo que ninguna comisión posterior puede deshacer.
Conviene, eso sí, no caer en el simplismo de criminalizar a las hinchadas enteras. La inmensa mayoría de los aficionados de Santa Fe y del América fue al estadio a ver fútbol y terminó siendo rehén de unos cuantos. Tampoco ayuda la tentación, frecuente en ciertos discursos, de tratar el fenómeno como una fatalidad cultural, como si la violencia en las gradas fuera un rasgo telúrico e irreformable. Otros países con pasiones futbolísticas comparables redujeron drásticamente estos episodios mediante una combinación poco romántica de identificación biométrica, prohibiciones efectivas de ingreso, sanciones económicas reales a los clubes y, sobre todo, continuidad en la aplicación de la ley. No hay misterio técnico. Lo que hay es una dispersión de voluntades y un costo político que nadie quiere pagar: suspender partidos, cerrar tribunas, enfrentar a las barras con la ley en la mano.
El fútbol es, en el mejor de los casos, una de las pocas liturgias compartidas que le quedan a la sociedad colombiana: el lugar donde el estrato y el barrio se sientan en la misma grada. Que ese espacio quede secuestrado por la disputa de un pedazo de tela es una derrota que trasciende lo deportivo. El lunes, cuando se reúna la Comisión, los bogotanos sabremos si la administración entendió que el problema no es la bandera sino la impunidad que la rodea. La historia sugiere moderar las expectativas. Pero la res publica se construye, entre otras cosas, negándose a aceptar como normal lo que nunca debió serlo.