Hay casos que trascienden la crónica roja para convertirse en espejos de nuestras fallas estructurales. El hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de gestación, a orillas del río Meléndez en Cali, no es solo una tragedia familiar; es un interrogante sobre la capacidad del Estado para proteger a las mujeres y sobre la ética de quienes narran el horror. ¿Cómo procesamos un crimen que combina el feminicidio con la sustracción de un bebé nonato, sin caer en el sensacionalismo que revictimiza ni en la indiferencia que perpetúa la impunidad?
Los hechos, según la información disponible, son estremecedores. Potosí desapareció el 16 de julio y fue encontrada cuatro días después en la vía hacia La Buitrera. Las autoridades confirmaron que el bebé ya no estaba en su vientre, lo que sugiere una planificación criminal que va más allá del homicidio. Un video filtrado en redes sociales muestra a la víctima trasladándose en motocicleta con una mujer identificada como Yulieth Angulo, quien ha rendido indagatoria y, según reportes, presentó inconsistencias en sus declaraciones. El testimonio de su expareja, Carlos Rincón, añade un elemento perturbador: asegura que Angulo había fingido dos embarazos durante su relación, una revelación que, de ser cierta, podría apuntar a un patrón de comportamiento relevante para la investigación.
Aquí es donde la columna debe detenerse antes de continuar. La presunción de inocencia no es un formalismo burgués, como algunos pretenden, sino el dique que separa la justicia de la venganza. Angulo es sospechosa, no condenada. Las filtraciones de videos y testimonios, aunque alimenten la indignación pública, pueden comprometer el debido proceso. Tocqueville advertía que en democracia la opinión pública tiende a convertirse en un poder tan absoluto como el de los antiguos monarcas; cuando esa opinión se forma con fragmentos de un expediente judicial, el riesgo de linchamiento mediático es real. La Fiscalía tiene la obligación de investigar con rigor, pero también de proteger la integridad del proceso frente a la presión de las redes.
Dicho esto, el caso expone una grieta profunda en nuestro sistema de salud pública. Si el testimonio de Rincón es veraz, una mujer logró simular dos embarazos sin que los controles prenatales detectaran la farsa. Esto no es un detalle menor. Habla de una atención médica fragmentada, donde la ausencia de un acompañante puede ser suficiente para que un engaño prospere. ¿Cuántas mujeres en Colombia acceden a controles prenatales sin que nadie verifique su identidad o su historia clínica? La pregunta no es retórica: en un país donde la mortalidad materna sigue siendo un desafío, la posibilidad de que alguien finja un embarazo durante meses sin ser detectada revela una vulnerabilidad que va más allá de este caso específico.
El feminicidio de Potosí también obliga a revisar nuestras estadísticas y nuestras respuestas. Según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, los feminicidios han mostrado una tendencia preocupante en los últimos años, con una subregistro que dificulta dimensionar el problema. Pero detrás de cada cifra hay una historia como la de María Camila: una joven que confió en alguien, que se subió a una motocicleta sin casco, que no llegó a casa. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno abstracto; es una cadena de decisiones individuales y fallas institucionales que culminan en tragedia. El Estado no puede prevenir todos los crímenes, pero sí puede garantizar que cada caso se investigue con la diligencia que la víctima merece.
Hay, además, una responsabilidad compartida en cómo consumimos estas noticias. El video filtrado, los detalles escabrosos, el morbo disfrazado de indignación: todo contribuye a un ecosistema donde el dolor ajeno se convierte en contenido. Arendt escribió sobre la banalidad del mal, pero también sobre la banalidad del espectador que consume el sufrimiento como entretenimiento. No se trata de censurar la información, sino de exigir que los medios y las plataformas actúen con la prudencia que el caso amerita. La familia de Potosí no necesita que su tragedia sea trending topic; necesita justicia, verdad y reparación.
El cierre de esta columna no puede ser optimista. Un crimen así no se resuelve con editoriales ni con hashtags. Pero sí podemos exigir que la investigación avance sin filtraciones selectivas, que el sistema de salud revise sus protocolos de verificación, y que la sociedad aprenda a mirar el dolor sin convertirlo en espectáculo. María Camila Potosí y su bebé merecen más que nuestra indignación momentánea; merecen un Estado que funcione y una ciudadanía que no olvide. La pregunta que queda es si estaremos a la altura de esa exigencia, o si mañana, cuando otro caso ocupe los titulares, este será apenas un recuerdo difuso en la memoria colectiva.