El 19 de julio de 2026, el Diario del Norte, medio regional con sede en Barranquilla, reportó que tropas de una unidad militar especializada del Ejército Nacional habrían frustrado un ataque contra sus propias instalaciones en el corregimiento de La Mata, municipio de La Jagua del Pilar, departamento del Cesar. Según la información publicada por ese medio, los atacantes serían presuntos integrantes de la Estructura Camilo Torres del ELN.
El hecho, de ser confirmado por la Fiscalía General de la Nación y por el Comando General de las Fuerzas Militares, se inscribe en una pauta que este medio ha documentado desde 2022: la coexistencia, no declarada pero evidente, entre una mesa de diálogo oficial con el ELN y acciones ofensivas de esa guerrilla contra unidades militares y población civil.
La Jagua del Pilar es un municipio de la Serranía del Perijá, zona históricamente disputada entre el ELN, disidencias de las FARC y estructuras sucesoras del antiguo Bloque Norte de las AUC. En esa subregión confluyen corredores de movilidad hacia Venezuela, cultivos de uso ilícito y proyectos de infraestructura energética —entre ellos el Parque Eólico Windpeshi— que, según informes de la región, justificarían la presencia permanente de una unidad militar especializada.
La pregunta de fondo es qué hace el Gobierno frente a la evidencia. El Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa tienen la obligación constitucional de proteger la fuerza pública y la infraestructura estratégica. Si las tropas no hubiesen detectado a tiempo a los atacantes, estaríamos hablando de bajas militares y de un deterioro mayor de la seguridad en una subregión que ya reporta indicadores críticos de violencia.
Hay tres elementos que esta columna debe registrar.
Primero, la atribución. La información sobre el operativo proviene de fuentes militares y fue publicada por el Diario del Norte. No es una denuncia de un organismo de control ni un reporte de la Fiscalía. El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación deberían abrir noticia criminal para identificar a los autores materiales e intelectuales y verificar si los atacantes pertenecen efectivamente a la estructura Camilo Torres del ELN, como señalan las fuentes militares citadas por el medio regional.
Segundo, el contexto de la mesa de diálogo. El Gobierno nacional instaló la mesa con el ELN en 2022 bajo el marco de la entonces llamada “paz total”, con Cuba, Venezuela y Noruega como países acompañantes. Tras el fin del cese al fuego en 2024, según reportes de prensa de la época, se habrían reactivado conversaciones sin que la guerrilla hubiese entregado información verificable sobre secuestrados ni sobre su estructura armada. Cada atentado como el reportado en La Mata demostraría que el proceso no es simultáneo de desarme y diálogo: en los hechos, sería una suspensión unilateral de la presión militar sobre un grupo que conserva intacta su capacidad ofensiva.
Tercero, la responsabilidad institucional. El Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Consejería de Paz deben explicar si los protocolos de seguridad de la unidad atacada funcionaron, si hubo inteligencia previa que alertara sobre el movimiento de la estructura Camilo Torres y qué medidas se adoptarán para evitar nuevos intentos. La Fuerza Pública no puede ser un actor pasivo en una negociación que la incluye como blanco.
La Bitácora ha sostenido desde 2022 que cualquier proceso de diálogo con grupos armados ilegales debe subordinarse a tres condiciones verificables: cesación efectiva de hostilidades, liberación de secuestrados y entrega de información sobre redes de narcotráfico. Ninguna de las tres se cumpliría hoy con el ELN, según los reportes disponibles. El operativo frustrado en La Mata es, por ahora, la única línea de defensa que tiene el Estado en el Cesar.
La política de paz total necesita resultados, no comunicados.