El equipo empalme del presidente electo Abelardo De la Espriella, encabezado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y con participación del designado ministro de Hacienda Germán Ávila, anunció la revisión de 22 sectores del Estado bajo el programa “Arca de Noé”, con cerca de 1.300 personas distribuidas en mesas de aproximadamente 100 integrantes cada una. El propósito declarado es construir una línea base por sector y abrir una línea anticorrupción que, según Restrepo, podría derivar en denuncias ante las autoridades judiciales.
Lo que se sabe hasta ahora es limitado. Restrepo, en entrevista con El Tiempo, mencionó que la corrupción “podría evidenciarse” en uso inadecuado de recursos públicos, despilfarro, obras inconclusas, decisiones erradas, apropiaciones indebidas, captura de entidades y nóminas infladas. No obstante, no se detallaron cuáles son los 22 sectores, cuáles son los criterios técnicos de revisión, ni qué metodología se aplicará para distinguir errores administrativos de posibles irregularidades contractuales. Solo trascendieron, de manera informal, algunos ejes: salud, justicia, educación y hacienda.
La opacidad sobre el listado completo es un problema. Un proceso de empalme de esta magnitud, que promete producir un “banco de proyectos estratégico” y alimentar investigaciones judiciales, requiere transparencia metodológica desde el primer día. Si las mesas no publican los sectores, los coordinadores y los instrumentos de análisis, el ejercicio correrá el riesgo de convertirse en una narrativa política más que en una auditoría técnica.
Hay además una tensión institucional que conviene señalar. El empalme se negocia entre dos equipos: la comisión que designe el gobierno saliente de Gustavo Petro y la comisión anticorrupción del equipo entrante. En la práctica, esto significa que buena parte de la información sobre contratación pública —Secop I, Secop II, contratos directos, convenios interadministrativos— dependerá de lo que la administración Petro entregue. Si Petro decide cooperar, el proceso tendrá materia prima. Si decide blindarse, el equipo entrante llegará al 7 de agosto con un diagnóstico parcial.
Para una columna editorial de centro-derecha institucionalista, el punto no es aplaudir ni sabotear el ejercicio, sino exigirle rigor. Colombia tiene herramientas suficientes para que una transición presidencial produzca un inventario creíble: la Contraloría General, la Procuraduría, la Fiscalía, la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero y los sistemas de contratación pública. Un empalme serio debería articularse con esas entidades, no duplicarlas ni competir con ellas.
También merece atención el uso de inteligencia artificial anunciado por Restrepo para procesar la información. La herramienta puede acelerar cruces de datos, pero no reemplaza el análisis jurídico ni la cadena de custodia documental que cualquier eventual proceso penal exigirá. Si la línea anticorrupción recibe denuncias anónimas y las pasa por modelos de lenguaje antes de remitirlas a la Fiscalía, el riesgo de filtraciones, imprecisiones y daño reputacional a funcionarios无辜 será alto.
Finalmente, está la promesa electoral. De la Espriella ganó la Presidencia con un discurso anticorrupción fuerte. El empalme es la primera prueba de fuego: si las 22 mesas entregan un diagnóstico verificable, con cifras, contratos y nombres, el nuevo gobierno empezará con pie firme. Si entregan un documento político sin anexos, la promesa se diluirá antes del primer Consejo de Ministros.
Por ahora, lo único concreto es el anuncio. La ciudadanía debería pedir, desde ya, la publicación del listado completo de sectores, los coordinadores designados y los protocolos de manejo de información. La transparencia del empalme será, en sí misma, la primera señal de cómo se gobernará.