¿Qué dice de una liga que su principal noticia de apertura no sea la ilusión del título, sino el miedo al abismo? El Deportivo Cali recibió a Jaguares en Palmaseca con la tabla del descenso como telón de fondo, y esa circunstancia —más que el resultado mismo— debería ocupar la reflexión de los colombianos que amamos este deporte. No se trata de menospreciar la pasión legítima de las hinchadas, sino de preguntarnos si el sistema que hemos construido premia la virtud o simplemente administra el fracaso.
El fútbol colombiano padece una paradoja estructural que ningún campeonato corto logra disimular. Por un lado, contamos con una afición fiel, estadios que se llenan pese a la crisis económica y una cantera de talentos que sigue exportando jugadores a Europa. Por otro, una estructura institucional que ha convertido la permanencia en categoría de negocio y el ascenso en lotería. La Dimayor, lejos de ser el árbitro imparcial que exige la res publica deportiva, opera demasiadas veces como una asamblea de intereses donde los clubes con peso político dictan las reglas. El descenso, que debería ser el mecanismo natural de selección competitiva, se ha transformado en una espada de Damocles que pende sobre los mismos de siempre: equipos sin proyecto, sin inversión en divisiones menores y sin una dirigencia que entienda el fútbol como empresa seria.
Tocqueville advertía que las democracias degeneran cuando los ciudadanos confunden la libertad con la ausencia de reglas. Mutatis mutandis, algo similar ocurre en nuestro balompié: se invoca la pasión para justificar el desorden, y se confunde la tradición con la inmovilidad. El Deportivo Cali, institución con historia y títulos, no debería estar calculando promedios en julio; debería estar planeando cómo competir en torneos internacionales. Que un club de su trayectoria mire de reojo la zona roja es un síntoma, no una casualidad. Y Jaguares, con su proyecto intermitente y su dependencia de recursos ajenos, representa la otra cara de la misma moneda: la precariedad convertida en modelo.
La solución no pasa por más torneos cortos ni por fórmulas de campeonato que diluyan el mérito. Pasa, como en tantas otras esferas de la vida nacional, por la institucionalidad. Una liga seria exige transparencia en la propiedad de los clubes, controles financieros que impidan la quiebra encubierta, y una división de poderes donde la Dimayor no sea juez y parte. El fútbol es, en el fondo, un contrato social: los aficionados entregan su lealtad y su dinero a cambio de un espectáculo honesto y competitivo. Cuando ese contrato se rompe —cuando los dirigentes antepongan el cálculo político al mérito deportivo—, la pasión se convierte en resentimiento y el estadio en tribuna de quejas.
No se trata de elitismo. Se trata de exigencia. El fútbol colombiano merece una discusión que trascienda el minuto a minuto y se instale en la pregunta incómoda: ¿queremos una liga de verdad o seguiremos conformándonos con un torneo de barrio con presupuesto de nación? La respuesta, como siempre, no está en la cancha sino en los despachos. Y allí, lamentablemente, el partido lleva años empatado sin goles.