La cotización del gas natural en Colombia ha alcanzado niveles que desafían la lógica de un mercado integrado. Mientras la referencia internacional (Henry Hub) se mantiene en rangos moderados, el precio doméstico ha llegado a cotizarse hasta 199% por encima de esos parámetros, según reportes recientes del mercado financiero colombiano. Este desacoplamiento no es anómalo ni transitorio: refleja una crisis estructural de oferta que tiene implicaciones profundas para la competitividad regional y las decisiones de inversión en la región andina.
Entre 2022 y 2024, el precio promedio del gas en el mercado primario colombiano pasó de 7,73 a 10,54 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MBTU), un incremento del 36% en apenas dos años. Pero las cifras de promedio ocultan volatilidad extrema: los picos recientes superan el doble de esa media anual. Para dimensionar: en mercados competitivos como el de Perú o Chile, los precios reflejan más fielmente las tendencias internacionales con márgenes de intermediación normales.
Por qué Colombia se desacopla
El fenómeno obedece a tres factores convergentes. Primero, la producción nacional de gas ha caído de forma sostenida. Los campos tradicionales de la Guajira y Catatumbo están en declive, y la inversión en exploración se ha contraído por incertidumbre regulatoria y presión ambiental. Segundo, la demanda industrial no ha bajado al ritmo de la oferta: plantas de cemento, fertilizantes, generación eléctrica y petroquímica siguen requiriendo volúmenes significativos. Tercero, la capacidad de importación es limitada y costosa, lo que genera un cuello de botella que los proveedores domésticos capitalizan con precios elevados.
El resultado es un cartel de facto. Con pocos productores y demanda inelástica, los precios se establecen por lo que el mercado puede pagar, no por eficiencia. Esto es economía básica, pero sus consecuencias son políticas: los gobiernos locales reclaman subsidios, los industriales amenazan con reubicarse, y los consumidores residenciales sufren tarifas que erosionan poder adquisitivo.
La trampa regional
Colombia no es una isla. Ecuador y Perú observan estos precios con alarma. Si los costos de insumos energéticos en Colombia suben 36% en dos años mientras sus competidores pagan referencias internacionales, la manufactura colombiana pierde atractivo. Las decisiones de ubicación de plantas de producción se toman en mesas de inversión donde el costo del gas es variable crítica. Un fabricante de fertilizantes o químicos que hoy opera en la costa atlántica colombiana podría evaluar trasladarse a Perú o Ecuador si los diferenciales persisten.
Esto retroalimenta el problema: menos actividad industrial en Colombia significa menos demanda de gas, pero también significa menos inversión, menos empleo, menos recaudos fiscales. Y con menos recaudos, menos capacidad para subsidiar o invertir en infraestructura de importación de gas licuado (GNL).
La decisión de política que falta
El gobierno enfrenta una disyuntiva que no ha resuelto públicamente. Opción A: permitir que los precios suban hasta su nivel de equilibrio, lo que incentiva exploración privada pero genera inflación y presión social. Opción B: intervenir con subsidios o controles de precio, lo que mantiene competitividad industrial pero distorsiona señales de mercado y consume recursos fiscales. Opción C: acelerar importaciones de GNL con inversión pública o asociaciones público-privadas, lo que requiere decisiones de largo plazo y capital que hoy no están en la agenda.
Ninguna es costless. Pero la inercia actual —permitir que los precios se disparen sin estrategia visible— es la opción más cara a mediano plazo porque erosiona competitividad sin resolver el problema de fondo.
Contexto comparativo
En la región, Perú y Bolivia enfrentan dilemas similares pero con geografías distintas. Perú tiene acceso a GNL por el puerto de Cañete y puede importar con relativa facilidad. Bolivia, productor, enfrenta el problema inverso: sus exportaciones a Argentina caen porque los precios internacionales no justifican la inversión en infraestructura. Colombia está en el medio: productora en declive, consumidora con demanda inelástica, sin infraestructura de importación masiva.
La pregunta que debería hacerse en Bogotá es si el costo político de resolver esto ahora es menor que el costo económico de no hacerlo. La evidencia sugiere que sí.