El próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo periodo legislativo, el Ministerio del Trabajo radicará seis proyectos de ley que, en conjunto, reconfiguran buena parte del régimen laboral colombiano. La coincidencia de fechas no es casual: el Gobierno de Gustavo Petro llega al cierre de su mandato con la intención de dejar inscrita en el Congreso una agenda que, por su volumen y ambición, difícilmente podrá tramitarse antes del 7 de agosto de 2026.
El paquete incluye el Estatuto del Trabajo y Salario Vital, una reforma a las Juntas de Calificación de Invalidez, un nuevo sistema sancionatorio para la Superintendencia del Subsidio Familiar, la ratificación de tres convenios de la OIT (el MLC, el 187 sobre seguridad y salud, y el 193 sobre plataformas digitales) y un proyecto de jornal y contrato agrario. Cada uno, por separado, merece debate técnico. Los seis juntos, en menos de un mes calendario, constituyen una declaración política.
El proyecto de Salario Vital es el más sensible. La propuesta busca darle rango de ley a un cálculo del salario mínimo que contemple no solo la inflación, sino un componente de necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. La fórmula suena razonable en abstracto, pero en la práctica desplaza al Congreso —y a la Comisión de Política Salarial— del corazón de una decisión que hoy se negocia tripartitamente. Cualquier modificación al mecanismo de fijación del mínimo tiene efectos fiscales y macroeconómicos que el país ha discutido durante décadas. Resolverla por vía legislativa, en las últimas semanas de un gobierno, es una forma de atar a la próxima administración.
La reforma a las Juntas de Calificación de Invalidez también merece atención. Estos organismos resuelven, en primera instancia, las controversias sobre pérdida de capacidad laboral, que son la puerta de entrada al reconocimiento de pensiones de invalidez y a indemnizaciones en Riesgos Laborales. Cambiar su composición sin un consenso técnico previo puede traducirse en cuellos de botella o, peor, en politización de las decisiones. El Ministerio no publicó, hasta donde se conoce, una exposición de motivos detallada ni un estudio de impacto fiscal.
El proyecto sobre plataformas digitales, vinculado al Convenio 193 de la OIT, es quizá el más urgente. Colombia es uno de los pocos países de la región que aún no ha regulado la relación entre aplicaciones y repartidores. La ratificación del convenio sería un paso, pero no sustituye una ley interna que defina cotización, seguridad social y jornada. Radicar ambos textos el mismo día, sin tiempo material para discutirlos, sugiere que el Gobierno prefiere el gesto internacional al debate nacional.
El componente agrario —jornal y contrato agrario— repite una discusión que el Congreso ha aplazado en al menos tres legislaturas. La formalización del trabajo rural es una deuda histórica, pero requiere articulación con el Sistema General de Seguridad Social y con los esquemas de productividad agropecuaria. Sin ese puente, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
El ministro Antonio Sanguino anunció que el trámite se acompañará con los legisladores de la Alianza por la Vida del Pacto Histórico. La bancada gobiernista llega al nuevo periodo legislativo con una representación menor a la de la pasada legislatura, según los resultados de las elecciones de marzo. La aritmética parlamentaria, sumada al calendario, hace improbable que alguno de los seis proyectos se convierta en ley antes de la posesión del próximo presidente.
La pregunta, entonces, no es si estos proyectos son convenientes o no. Algunos lo son. La pregunta es por qué se radican todos juntos, en una sola jornada, cuando el tiempo legislativo no alcanza para procesarlos. La respuesta parece ser la misma de los últimos tres años: legislar por radicación, no por aprobación. Dejar el archivo lleno, aunque el contenido no se discuta.
Un Congreso que se instala el 20 de julio merece, antes que una andanada de iniciativas, una priorización. Esa es la tarea que le corresponde al nuevo presidente del Legislativo y a los voceros de las bancadas. De lo contrario, el país asistirá a un nuevo ciclo de anuncios que no se traducen en normas vigentes.