La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) debió aclarar recientemente que la meta de recaudar 22 billones de pesos para 2027 corresponde a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo y no a una decisión autónoma de la entidad, según precisó la propia institución ante versiones circulantes en medios. Esta distinción es relevante porque reafirma la separación de roles en la política fiscal, pero no debe opacar el debate sustantivo. Más allá de la autoría política, el proyecto contiene ajustes estructurales en comercio exterior que merecen ser evaluados con rigor técnico, independientemente de la viabilidad legislativa en las últimas semanas del actual gobierno.
Neutralidad en el comercio digital y licores
Según el texto presentado por el ministro de Hacienda y reportado por Infobae, la iniciativa busca estandarizar la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 19 % para las compras internacionales que ingresan bajo la modalidad de envíos postales urgentes. La justificación oficial, citada por el mismo medio, apunta a equiparar las condiciones con el comercio formal nacional. Desde la perspectiva de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta medida responde a una necesidad de neutralidad tributaria largamente postergada. Mantener asimetrías entre plataformas digitales transfronterizas y el retail doméstico ha generado distorsiones competitivas que perjudican la formalización y la recaudación justa.
No obstante, la implementación requiere prudencia macroeconómica. En un entorno donde la inflación de bienes transables aún muestra rigideces, gravar estas importaciones sin una transición gradual podría afectar el poder adquisitivo de consumidores que dependen de estos canales para acceder a bienes no producidos localmente. La medida es defendible en términos de equidad competitiva, principio clave para cualquier economía de mercado abierta, pero su impacto en el costo de vida debe modelarse con precisión. No se trata de proteger ineficiencias locales, sino de evitar choques de oferta en un momento de fragilidad fiscal.
De igual forma, la propuesta incluye llevar la tarifa de IVA al 19 % para bebidas de alto contenido alcohólico, las cuales tributan actualmente al 5 %, según detalla la nota de Infobae. Asimismo, se busca homologar la carga impositiva de las apuestas físicas y en línea a esa misma tasa. Según la Dian, el argumento para los licores es desincentivar el consumo, mientras que para las apuestas se busca igualdad de condiciones. La tarifa diferencial del 5 % en licores ha funcionado históricamente como un subsidio implícito que distorsiona el mercado; alinearla con la tarifa general es consistente con las recomendaciones de organismos multilaterales y con prácticas en economías pares de la región andina. En cuanto a las apuestas, la convergencia tributaria es un paso necesario hacia la modernización regulatoria en un sector que ha crecido exponencialmente en su vertiente digital.
Credibilidad y coherencia intertemporal
Más allá del contenido técnico, el momento de presentación genera interrogantes legítimos sobre la arquitectura fiscal del país. El exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, citado por Infobae, calificó la presentación de la reforma a pocas semanas de terminar el mandato como una falta de coherencia difícil de superar, aunque reconoció que medidas como el ajuste en combustibles o importaciones son “técnicamente razonables”. Esta dualidad resume el dilema actual: hay ajustes que mejoran la neutralidad tributaria, pero se proponen en un contexto de incertidumbre política que dificulta la planificación a mediano plazo.
Para los socios comerciales de Colombia y los inversionistas extranjeros, la señal es ambigua. La región andina necesita reglas claras y estables para atraer capital productivo. Una reforma tributaria, incluso si es técnicamente sólida en sus componentes de comercio exterior, pierde eficacia si se percibe como un parche de último minuto en lugar de una pieza de estrategia de Estado. La credibilidad fiscal no se construye solo con buenas intenciones en el papel, sino con consistencia en la ejecución y en los tiempos políticos.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de debatir estos contenidos despojándose de la polarización partidista. Si hay medidas que mejoran la competitividad y la equidad del sistema tributario, como la nivelación del IVA en importaciones y licores, deberían preservarse por su mérito técnico. Si hay otras que responden únicamente a necesidades coyunturales de financiamiento sin sustento estructural, deberían descartarse. El comercio exterior y la inversión privada requieren certezas institucionales, no gestos electorales. La discusión que viene debe centrarse en qué tipo de arquitectura fiscal necesita Colombia para la próxima década, garantizando que la búsqueda de recaudo no sacrifique la integración comercial ni la confianza inversionista.