La Cámara de Comercio de Bogotá insiste en que los requisitos para poner en funcionamiento un establecimiento comercial “permiten cumplir con la normativa vigente y brindar seguridad”. Es verdad. También es verdad que esa seguridad regulatoria tiene un costo que la mayoría de emprendedores de barrio simplemente no puede pagar.
Esta es una paradoja que define buena parte de la política comercial urbana en Colombia: mientras los gobiernos locales multiplican regulaciones en nombre de la formalización, el comercio de calle se refugia en la informalidad no por rebeldía, sino por supervivencia económica.
El precio de la formalidad
Aperturar un local en Bogotá requiere navegar un ecosistema de trámites que incluye registro ante la Cámara de Comercio, obtención de licencia de funcionamiento, cumplimiento de normas de seguridad, certificados sanitarios (si aplica), permisos ambientales, y en muchos casos, aprobación de planos ante la Secretaría Distrital de Planeación. Cada paso tiene costo. Cada paso consume tiempo que el pequeño comerciante no tiene porque está trabajando en otra cosa para financiar el proceso.
La Cámara de Comercio de Bogotá reporta que el tiempo promedio para completar estos trámites oscila entre 15 y 45 días, según la complejidad del negocio. Para una tienda de barrio, eso representa entre dos y seis semanas sin ingresos mientras se tramita la legalización. Para un emprendedor que vive al día, es inviable.
Comparación regional: el espejo incómodo
Ecuador, que enfrenta desafíos similares de informalidad urbana, implementó hace tres años un sistema de ventanilla única digital para registros comerciales. El tiempo promedio bajó de 30 días a 4 días. El costo se redujo en 60%. La formalización creció 18% en el primer año.
Perú, con una informalidad aún más severa que la colombiana, descentralizó los trámites de registro a nivel distrital y permitió que las juntas de vecinos certificaran cumplimiento de normas básicas para negocios de bajo riesgo. El resultado: más de 200.000 comerciantes informales se formalizaron entre 2022 y 2025.
Colombia, mientras tanto, sigue concentrando decisiones en capitales departamentales y exigiendo certificaciones que, en muchos casos, son redundantes.
La trampa de la seguridad regulatoria
No se trata de eliminar regulaciones. El Estado tiene razón en exigir que un restaurante cumpla normas sanitarias, que un almacén de ropa respete códigos de seguridad contra incendios, que cualquier negocio tenga claridad fiscal. El problema es que el costo de cumplir esas normas se ha vuelto tan alto que solo los negocios con acceso a capital inicial significativo pueden formalizarse.
Esto genera un efecto perverso: los comerciantes con menos recursos, precisamente aquellos que más necesitan protección legal y acceso a crédito formal, permanecen en la informalidad. Y permanecen en la informalidad no porque sean evasores de impuestos por ideología, sino porque el sistema les cierra la puerta.
La Cámara de Comercio de Bogotá cumple un rol importante certificando que los trámites se hagan bien. Pero la pregunta que no se hace es si el volumen de trámites es el correcto.
Hacia una formalización realista
Colombia necesita una reforma urgente en los requisitos de entrada al comercio formal. Esto significa:
Primero, digitalizar completamente los trámites. No es suficiente tener formularios en línea si luego hay que ir presencialmente a recoger sellos. Bogotá tiene capacidad tecnológica para esto; falta decisión política.
Segundo, diferenciar por riesgo. Un puesto de venta de ropa no requiere el mismo nivel de certificación que un restaurante. Un local de servicios no requiere lo mismo que una bodega de químicos. Simplificar para negocios de bajo riesgo no es laxitud; es eficiencia.
Tercero, descentralizar. Permitir que las autoridades locales de cada localidad resuelvan trámites de bajo riesgo sin remitir a la capital distrital. Medellín ya lo hace con cierto éxito.
Cuarto, subsidiar parcialmente los costos de formalización para emprendedores de estratos 1 y 2. Si el Estado quiere formalización, debe asumir que hay un costo social de no hacerlo.
El costo de la inacción
Mientras Colombia mantiene una regulación de entrada tan pesada, la informalidad urbana crece. Según datos del DANE, el comercio informal en Bogotá representa hoy 48% del empleo urbano. Eso significa que casi la mitad de los comerciantes de la ciudad no pagan impuestos, no tienen acceso a crédito formal, no tienen protección laboral, y no contribuyen a la seguridad social.
Para el Estado, eso es pérdida de recaudos. Para el comerciante, es vulnerabilidad permanente.
La seguridad regulatoria que defiende la Cámara de Comercio es real. Pero también lo es que un sistema que fuerza a 48% del comercio urbano a la ilegalidad no es seguro: es un fracaso.