A una semana del vencimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional, el Ministerio de la Igualdad puso en marcha un cronograma interno de cierre administrativo. El 17 de junio es la fecha límite para entregar informes de gestión, el 18 se consolidará la información institucional y el 19 se hará entrega formal de bienes y documentos. Lo que se liquida no es cualquier dependencia: es una de las carteras emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro.
La historia del cierre se conoce desde mayo de 2024. Mediante sentencia, la Corte declaró inexequible la ley de creación del Ministerio porque el Gobierno tramitó la iniciativa sin el concepto previo de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda, requisito constitucional para la creación de ministerios. El alto tribunal no entró a juzgar la conveniencia política de la cartera; se limitó a declarar el incumplimiento de un procedimiento. Esa distinción suele perderse en el debate público, y conviene repetirla.
El Ejecutivo intentó subsanar el yerro con un nuevo proyecto de ley al que otorgó mensaje de urgencia. Según reportó El Universal de Cartagena, la iniciativa no prosperó en el Congreso, en medio de un ambiente que el diario describió como marcado por la recta final de la campaña presidencial. La consecuencia es que la entidad terminaría suprimida por vencimiento del término, no por una decisión política expresa del Legislativo.
Sobre la mesa queda el registro de gestión. De acuerdo con el cubrimiento de El Universal, la cartera registra uno de los porcentajes de ejecución más bajos dentro del Gobierno Nacional, con indicadores que no superan el 5 %, según cifras oficiales recogidas por el diario (El Universal, 12 de junio de 2026). El mismo medio señala que la entidad enfrentó cuestionamientos por gastos administrativos y denuncias internas. Durante poco más de tres años, pasaron por su dirección cuatro ministros, en el orden reportado por El Universal: la vicepresidenta Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Luis Eduardo Acosta. Son datos que la cobertura periodística pone en contexto y que, leídos juntos, dibujan una institucionalidad que nunca terminó de consolidarse.
Desde La Bitácora hemos sostenido que las reformas del gobierno Petro deben evaluarse ante todo por el cumplimiento de los requisitos constitucionales, y solo después por su intención política. Este episodio lo confirma: una cartera dedicada a cerrar brechas de género, étnicas y territoriales termina suprimida por un trámite que no se surtió. La viabilidad fiscal no es un tecnicismo optativo: es la diferencia entre una política pública durable y una promesa que se agota con el cuatrienio.
Quedan dos preguntas que el Gobierno no ha respondido. La primera es qué entidad absorberá las funciones que hoy ejerce la cartera, si el DPS, el Ministerio del Interior o una nueva dependencia. Esa redistribución no es trivial y debería definirse por decreto, no por improvisación. La segunda es qué ocurrirá con los contratos vigentes y los compromisos adquiridos con beneficiarios de programas en ejecución. El cronograma interno contempla entrega de bienes, pero no precisa el destino de los programas.
El Congreso tiene hasta el 20 de junio. Si no actúa, la supresión operará por ministerio de la ley. Ni el Gobierno ni la oposición deberían festejarlo. Lo que está en discusión es la seriedad con la que se trata la arquitectura del Estado. Crear ministerios sin los estudios previos termina costándole al país tiempo, recursos y credibilidad institucional. La Corte hizo su parte al fijar un plazo y un procedimiento; ahora corresponde a las ramas políticas responder con la misma rigurosidad.