El Gobierno saliente designó mediante decreto a Alfredo Acosta Zapata —quien ejerció como jefe de esa cartera hasta el 20 de junio pasado— como liquidador del Ministerio de la Igualdad y Equidad, según reportó El Colombiano. El cierre de la entidad, formalizado en el Decreto 626 de 2026, era un desenlace esperable. Y, sin embargo, no deja de ser costoso.
La Corte Constitucional había declarado inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó la cartera, por carecer del respaldo fiscal exigido por Hacienda. En la misma providencia concedió un plazo al Congreso —vencido el 20 de junio de 2026— para tramitar una ley que subsanara los vicios encontrados. El Legislativo no lo hizo, y la consecuencia fue la liquidación.
Hay un primer dato que merece subrayado. El alto tribunal no proscribió la idea de una cartera dedicada a la equidad; declaró inexequible la norma que la creaba sin estimaciones claras de costo. Esa diferencia importa porque sitúa la responsabilidad en quien redactó el proyecto, en quien lo defendió en el trámite y en quien lo aprobó sin un análisis serio de sostenibilidad. La consecuencia, según el reporte de El Colombiano, recae sobre cerca de 600 empleados que aún no tienen certeza sobre su futuro.
El decreto que designa al liquidador establece restricciones relevantes: prohibición de vincular nuevos servidores a la planta, imposibilidad de celebrar pactos o convenciones colectivas, y contratación por excepción de personas naturales o jurídicas especializadas cuando el proceso lo requiera. El cargo será de libre designación y remoción del Presidente de la República, y los recursos para la liquidación se sufragarán con saldos del presupuesto de la entidad en la vigencia 2026, con apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de 2027 mientras concluye el cierre y se garantiza la conservación del archivo institucional.
La transición añade un capítulo que no puede ignorarse. El ministro del Interior designado por el gobierno entrante, Rodrigo Lara, calificó como “absolutamente inaceptable” el traslado de funcionarios de la planta del ministerio hacia otras entidades, según registró El Colombiano. En la misma línea, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo habló de hallazgos que reflejarían una “profunda destrucción institucional” durante el empalme en distintas carteras, y anunció una revisión puntual de esos movimientos de personal.
¿Qué hacer con estos señalamientos? La posición del gobierno entrante —vigilancia del proceso “sin atajos dentro del Estado”— es razonable en su enunciado, pero insuficiente. Si hubo traslados de personal que no se ajustaron a las reglas, corresponde investigarlos con los instrumentos de la función pública. La pregunta que cabe hacerse como columnista es si la liquidación en curso se está adelantando con apego al debido proceso administrativo, o si los movimientos de personal descritos constituyen una vía de hecho que merece reversión. No se trata de una cruzada política: se trata de aplicar reglas que obligan a cualquier gobierno, saliente o entrante.
El expediente legislativo también merece una mirada reposada. La Ley 2281 de 2023 fue una de las apuestas emblemáticas de la administración anterior. Nació con alta carga simbólica y bajas certezas técnicas. La Corte Constitucional hizo lo que le correspondía: ejercer el control constitucional que la Carta le encomienda. El Congreso tuvo dos años para corregir los defectos advertidos por la propia cartera de Hacienda y no lo hizo. La factura la pagan hoy 600 trabajadores y un archivo institucional que, según dispone el decreto, debe preservarse.
Quedan, al menos, tres preguntas abiertas. La primera es laboral: cuál será el plan de reubicación o retiro de los servidores vinculados, y con qué cronograma. La segunda es patrimonial: qué pasivos y qué activos arrastra la entidad, y cómo se garantizarán las obligaciones pendientes con contratistas y beneficiarios de programas en ejecución. La tercera es de política legislativa: si el próximo gobierno presentará un nuevo proyecto para crear una cartera de equidad, esta vez con el aval fiscal que la Corte exige. La respuesta a esa última pregunta dirá si la liquidación fue el final de una norma mal construida o también el final de una política.
Por ahora, el dato frío es este: la Corte ordenó corregir, el Congreso no corrigió y el Ejecutivo liquida. El resto —incluidos los señalamientos sobre traslados de personal— deberá resolverse con los instrumentos de la ley, no con declaraciones cruzadas en la prensa.