¿Qué le sucede a una familia cuando el poder deja de ser un instrumento y se convierte en un hogar? La pregunta no es retórica ni morbosa. El reportaje de Armando Neira en Cambio reconstruye, con minuciosidad de cronista, cómo el núcleo familiar que acompañó a Gustavo Petro hasta la puerta de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022 se fue erosionando hasta convertirse, cuatro años después, en un mapa de distancias: una separación matrimonial reconocida públicamente, un hijo a la espera de investigación judicial, una hija que rehúsa cruzarse con su padre, una primera esposa que retira el respaldo de toda una vida y una primera dama señalada en audios por presuntas irregularidades que aún están por verificarse. El presidente atribuye la demolición a la prensa. La cronología sugiere algo más incómodo: buena parte de los episodios salió a la luz por declaraciones de los propios integrantes de ese círculo.
Conviene ser precisos, porque la precisión es la única cortesía que el periodismo le debe tanto al poder como al lector. Las afirmaciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán sobre entregas de dinero en campaña y gastos de la primera dama son, por ahora, eso: afirmaciones en audios divulgados por una revista, no hallazgos judiciales. Las denuncias contra Juliana Guerrero y su hermana son objeto de investigación de la Fiscalía, y ellas niegan haber recibido dinero o beneficios. El caso de Nicolás Petro Burgos transitó por imputaciones, retractaciones y rupturas de colaboración con la justicia que aconsejan esperar el fallo antes que el titular. Nada de esto autoriza a sentenciar culpables. Pero tampoco autoriza a fingir que el patrón no existe.
El patrón es conocido y tiene nombre clásico. Tocqueville advirtió que las democracias corren un riesgo peculiar: el de que los gobernantes, elegidos por el pueblo, terminen comportándose como si el Estado fuera patrimonio suyo, una suerte de monarquía electiva con corte incluida. La corte, en las repúblicas modernas, no se anuncia con títulos nobiliarios sino con algo más difuso y por eso más corrosivo: la mezcla de afecto, parentesco y cargo. Cuando una directora del Dapre denuncia una “red de mujeres” con capacidad de influir en nombramientos, cuando un embajador rompe con el presidente por negarse a suscribir una teoría conspirativa sobre su esposa, cuando la hija del mandatario dice en público que prefiere no cruzarse con él, lo que se describe no es una maldición familiar sino un problema de arquitectura institucional: los muros entre lo privado y lo público nunca se levantaron, y el agua encontró por dónde entrar.
Hay una ironía que la historia colombiana registra con puntualidad. Los movimientos que llegan al poder denunciando los privilegios de las élites suelen descubrir, una vez instalados, que el privilegio no era una anomalía del sistema sino una tentación del cargo. La frase atribuida al presidente —“esto es una tortura permanente”— merece compasión humana y escepticismo político a la vez. Compasión, porque nadie que haya visto de cerca la presidencia ignora su capacidad de devorar la vida interior. Escepticismo, porque la tortura se autoinflige cuando se gobierna sin distancia: cuando los hijos manejan dinero de campaña, cuando las parejas acumulan funciones simbólicas sin mandato electoral, cuando la lealtad familiar se confunde con la lealtad institucional. Arendt distinguía entre el espacio público, donde los hombres actúan ante sus iguales, y el espacio privado, regido por la necesidad y el afecto. La tragedia de las presidencias cortesanas es que colapsan esa distinción: gobiernan desde el comedor.
Sería injusto, sin embargo, atribuirle a este gobierno la invención del fenómeno. Colombia ha visto familias presidenciales convertidas en factorías de influencia bajo mandatarios de todos los signos, y la derecha que hoy se escandaliza haría bien en repasar sus propios álbumes antes de pontificar. Lo que distingue al caso actual no es la naturaleza del deterioro sino la velocidad y la densidad: en un solo cuatrienio se concentraron un hijo capturado, una exnuera que denuncia amenazas, una primera esposa que rompe medio siglo de lealtad política y una primera dama cuyo estilo de vida se volvió noticia en la prensa europea. La oposición, eso sí, debería resistir la tentación de convertir cada escándalo doméstico en prueba de un proyecto totalitario. No lo es. Es algo más banal y más viejo: el ejercicio del poder sin contrapesos interiores, que es donde todos los contrapesos empiezan.
La lección, si la hay, no es moral sino constitucional. Las repúblicas no se protegen con buenas familias sino con buenas fronteras: reglas claras sobre financiación de campañas, sobre el papel —o la ausencia de papel— de los parientes del mandatario, sobre la obligación de que toda influencia sea visible y toda visibilidad sea fiscalizable. Que el primer gobierno de izquierda de la historia colombiana termine con su núcleo íntimo disperso no prueba que la izquierda sea intrínsecamente corrupta, como no probó nada parecido la derecha cuando le tocó. Prueba algo más humilde y más útil: que el poder, dejado sin arquitectura, no distingue de ideologías. Distingue solo entre quienes le ponen muros y quienes le abren la puerta de la casa. Y la casa, tarde o temprano, siempre cobra.