El presidente Gustavo Petro anunció en consejo de ministros que el retiro del general Jorge Hernández del Ejército Nacional respondió a investigaciones internas de la Fuerza Pública por presuntas irregularidades vinculadas al tráfico de oro. La afirmación, reportada por El Heraldo, pone sobre la mesa un asunto delicado: la posible participación de integrantes de la Fuerza Pública en redes de explotación y comercialización ilegal de oro, un fenómeno con vínculos documentados con economías ilícitas y grupos armados en varias regiones del país.
Lo primero que conviene subrayar es la cadena de responsabilidades. Según lo expresado por el jefe de Estado, los hallazgos habrían surgido de indagaciones adelantadas al interior de las Fuerzas Militares, y no de una decisión del Gobierno nacional. Esa distinción no es menor: el presidente descargó la iniciativa del proceso en la propia institución armada y reservó a la Fiscalía General de la Nación la competencia para determinar si existen responsabilidades penales.
El pronunciamiento presidencial tiene, sin embargo, zonas grises que merecen atención. Petro no entregó detalles sobre la naturaleza de las pesquisas internas, los soportes documentales ni los plazos de la actuación fiscal. Tampoco se conocieron, al cierre de la información disponible, decisiones formales de la Fiscalía que permitan corroborar la existencia de una investigación en curso contra el oficial retirado. Hasta tanto esa información se haga pública, lo prudente es hablar de pesquisas preliminares y de un retiro con carácter “preventivo” según la versión oficial.
El episodio reabre, además, un debate de fondo sobre la relación entre las Fuerzas Militares y las economías extractivas ilegales. La minería de oro no regulada es una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones armadas y ha estado en el centro de múltiples alertas de la Contraloría, la Procuraduría y organismos internacionales. Cuando un oficial de alto rango es separado del servicio en medio de señalamientos de esta naturaleza, el asunto trasciende lo disciplinario y compromete la credibilidad institucional de la fuerza pública.
Aquí aparece el ángulo que más preocupa desde una perspectiva institucionalista. Una fuerza profesional depende, ante todo, de procedimientos claros, transparencia y debido proceso. Si las investigaciones se condujeron por los conductos regulares, corresponde que el Ministerio de Defensa y la Inspección General del Ejército documenten públicamente el expediente. Si, por el contrario, el retiro respondió a presiones externas o a una lógica política, la opacidad terminará por erosionar la confianza ciudadana en la institución.
La salida del general Hernández se produce, además, en un contexto particularmente sensible para el Gobierno. Petro anunció en los mismos días acciones legales contra jueces que ordenaron restricciones al uso de sus redes sociales con fines de propaganda electoral, como también registró El Heraldo. La coincidencia no atenúa ni agrava el caso del oficial, pero sí recuerda que la credibilidad del Ejecutivo se construye sobre hechos verificables, no sobre declaraciones en consejo de ministros.
Quedan, por tanto, tareas pendientes para las autoridades competentes. La Fiscalía deberá informar si abrió noticia criminal y en qué despacho recayó la indagación. El Ministerio de Defensa precisará si el retiro se tramitó con base en el régimen de personal militar vigente y si existe acto administrativo motivado. La Procuraduría, por su parte, evaluará si hay lugar a intervención disciplinaria. Cada una de estas actuaciones es independiente y debe conducirse sin presiones de ningún Poder Público.
Por ahora, lo único cierto es lo siguiente: un oficial general fue retirado, el presidente atribuye la decisión a pesquisas internas por oro ilegal, y la Fiscalía quedó encargada de establecer responsabilidades. Entre la versión presidencial y la confirmación judicial hay una distancia considerable. Esa distancia es, precisamente, lo que la ciudadanía está obligada a vigilar.