La discusión sobre la nueva reforma tributaria ha vuelto a centrarse en el precio de los combustibles, pero el verdadero debate técnico no es el valor nominal del galón, sino la arquitectura del impuesto que se propone. Según alertan Fendipetróleo y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), la iniciativa del Gobierno Nacional no solo incrementaría el precio de la gasolina en cerca de $1.942 por galón hacia finales de 2028, sino que introduciría una distorsión estructural en el sistema tributario colombiano al modificar el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el diésel y los biocombustibles.
Desde una perspectiva de política económica pro-mercado, el problema central no es la necesidad de ajustar precios relativos para reflejar costos fiscales o ambientales, sino la forma en que se diseña el gravamen. La propuesta actual amenaza con convertir un impuesto al consumo en un costo de producción acumulado, lo que contradice los principios de neutralidad y eficiencia que deben regir cualquier reforma seria en un país que aspira a mantener su grado de inversión y competitividad regional.
La ruptura del IVA plurifásico
El aspecto más crítico de la propuesta, según el análisis gremial, es la exclusión de la venta minorista de diésel del mecanismo de descuento del IVA. En la teoría tributaria estándar y en la práctica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el IVA es un impuesto plurifásico y descontable: se traslada en cada etapa de la cadena sin convertirse en un costo para el productor intermedio. Al eliminar este descuento para el transporte de carga y el sector agropecuario, el Gobierno transforma el IVA en un impuesto en cascada.
Esta decisión tiene implicaciones directas para la inflación. El transporte de carga y la maquinaria agrícola son insumos transversales; cualquier aumento en sus costos operativos se transmite inevitablemente al precio final de los alimentos y bienes manufacturados. En un contexto donde la inflación de alimentos sigue siendo una preocupación para los hogares de menores ingresos, introducir un sobrecosto tributario no descontable en la logística nacional es una medida regresiva que penaliza la productividad y la canasta básica.
Además, existe una inconsistencia técnica en el tratamiento de los biocombustibles. El proyecto grava con IVA al alcohol carburante, pese a que el mismo texto reconoce que no son combustibles fósiles. Si el argumento del Ejecutivo es ambiental, gravar energéticos de menor huella de carbono carece de coherencia. Si el argumento es puramente fiscal, entonces se está utilizando la bandera verde para justificar un recaudo que, según proyecciones gremiales, dependerá en un 97 % del IVA a combustibles tradicionales y solo marginalmente del componente ambiental.
Seguridad energética y márgenes regulados
El segundo riesgo es la viabilidad operativa de la red de distribución en zonas no urbanas. Colombia cuenta con 226 municipios que dependen de una sola estación de servicio. En estos mercados, la competencia es inexistente y los márgenes están estrictamente regulados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Si la reforma obliga a las estaciones a absorber parte del incremento impositivo porque la regulación les impide trasladarlo al consumidor, se erosiona su margen de operación hasta niveles insostenibles.
Este no es un problema menor de rentabilidad privada; es un asunto de seguridad energética territorial. Si las estaciones en municipios apartados cierran por inviabilidad financiera, el Estado tendrá que intervenir con subsidios logísticos de emergencia o enfrentar desabastecimiento en regiones donde la presencia institucional ya es precaria. La experiencia regional en Latinoamérica demuestra que la destrucción de tejido empresarial privado en la distribución de combustibles termina siendo pagada con creces por el erario público o con crisis sociales locales.
Realismo fiscal vs. diseño tributario
Es comprensible que el Gobierno busque cerrar brechas fiscales en su último año de mandato. Sin embargo, la calidad del recaudo importa tanto como su volumen. Un tributo mal diseñado genera distorsiones económicas que pueden reducir la base gravable futura y aumentar la presión inflacionaria, obligando al Banco de la República a mantener tasas de interés altas por más tiempo.
La oposición política ha señalado que la reforma tiene pocas probabilidades de aprobación en el Congreso. No obstante, el debate técnico debe trascender la coyuntura legislativa. Corregir el tratamiento del diésel para preservar su carácter descontable y mantener la exclusión de IVA para biocombustibles no son concesiones políticas, sino ajustes de ingeniería tributaria necesarios. Aprobar una reforma que sacrifique la neutralidad del IVA en aras de un recaudo inmediato sería un error de política económica con costos duraderos para la competitividad colombiana y la estabilidad de precios en la región andina.