El Senado de la República aprobó el 10 de junio, en último debate, el proyecto de ley orientado a prevenir, atender y sancionar la mutilación genital femenina en Colombia. La iniciativa, según reportó Caracol Radio, fue impulsada por la representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero, del Partido Liberal por Risaralda, y fue construida, de acuerdo con la propia congresista, junto a mujeres Embera y a distintos sectores de la sociedad civil que acompañaron la discusión.
La trascendencia de la votación no se agota en el trámite. Por lo menos hay tres elementos que la hacen relevante. Primero, el país avanza hacia un marco específico para una conducta que, pese a estar documentada por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones de la sociedad civil, carecía de un tratamiento penal y preventivo unificado. Segundo, la práctica tiene un impacto desproporcionado sobre niñas y mujeres de comunidades indígenas, lo que obliga a que cualquier respuesta institucional dialogue con la jurisdicción especial indígena, con los principios de la consulta previa y con el Convenio 169 de la OIT. Tercero, el proyecto obtuvo respaldo de distintos sectores políticos, en un Congreso donde el consenso es cada vez más escaso. Cuando una iniciativa protege a la infancia y la integridad de las mujeres, el cálculo electoral debería ceder.
Conviene mirar el contenido con la misma seriedad con que se celebró su aprobación. La columna vertebral de la ley no puede reducirse al tipo penal. La experiencia comparada enseña que la tipificación sin prevención suele reproducir el problema en la clandestinidad, con consecuencias peores para las víctimas. Colombia tendrá que articular la norma con rutas de atención en salud, protocolos de detección temprana en el sistema educativo y campañas culturalmente adecuadas, respetuosas de la diversidad étnica del territorio.
También será necesario observar cómo se concilia la aplicación de la futura ley con la autonomía de los pueblos indígenas, reconocida por la Constitución. ¿Está el Estado preparado para construir una política pública que dialogue con las jurisdicciones propias sin reproducir la fractura histórica entre el centro y los territorios? La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tendrán un papel determinante en ese acompañamiento.
Quedan dos pasos formales: la conciliación entre cámaras, en caso de que el texto sufra modificaciones, y la sanción presidencial. Cumplidos esos trámites, el país contará por primera vez con una herramienta legal específica para enfrentar esta práctica. Celebrar la aprobación es razonable; el trabajo real empieza en la implementación, en la pedagogía culturalmente sensible y en la garantía de que la norma llegue a los resguardos y municipios donde el riesgo es mayor. Una ley sin territorio es, en el mejor de los casos, una declaración de buenas intenciones.