¿Dónde termina la autonomía de un pueblo y dónde comienza el deber del Estado de proteger a quienes no pueden protegerse? La pregunta, que el constitucionalismo colombiano formuló desde 1991, dejó de ser abstracta con la aprobación de la Ley Niñas Sin Ablación. Según el reportaje publicado por Cambio, diecinueve años después de que mujeres emberá comenzaron a organizarse en los territorios de Chocó y Risaralda, el Congreso ha reconocido la mutilación genital femenina como una violencia que no admite adjetivos atenuantes.
El mérito de esta ley no está solo en su contenido normativo. Está en cómo llegó. Claudia Peragamo, lideresa emberá katío, inició su indagación preguntando a las abuelas por qué se practicaba la ablación. Las respuestas que recogió Cambio oscilaban entre la invocación a la ancestralidad y el silencio compulsivo: era algo que no se le podía contar a los hombres. Ese silencio, que durante años mantuvo la práctica en el ámbito de lo privado, comenzó a resquebrajarse cuando Peragamo y otras mujeres decidieron que el dolor de las niñas no era un asunto menor, aunque las propias organizaciones indígenas lo consideraran secundario frente al desplazamiento o la mendicidad.
Aquí emerge una primera tensión que merece examen. Según declaraciones de Juliana Domico, consejera mayor de la Confederación Nacional de la Nación Emberá, recogidas por Cambio, las organizaciones indígenas tendían a relegar el tema con un argumento que suena familiar a quienes estudiamos la política de los cuerpos: es un asunto de las mujeres, y ellas deben resolverlo. Esa frase, aparentemente liberadora, funciona en la práctica como mecanismo de invisibilización. Cuando un problema se declara privado, el espacio público queda eximido de interrogarlo. Hannah Arendt, en su análisis de la esfera social, advertía que la distinción entre lo público y lo privado no es neutra: define quién cuenta como sujeto político y quién permanece en la penumbra. Las niñas emberá sometidas a la ablación en sus primeros años de vida no habían aparecido nunca como sujetos de derecho ante el Estado colombiano.
Pero la ley aprobada no resuelve el dilema, lo traslada. La evidencia acumulada por las lideresas —y registrada por Cambio— cuestiona la premisa misma sobre la que se construía el argumento de la intocabilidad cultural. Si los emberá habitan más de diecinueve departamentos, ¿por qué la práctica solo se documenta en dos? Domico, que creció en Córdoba sin registro de ablaciones en su región, plantea una hipótesis que inverte el sentido común: no se trataría de una tradición ancestral, sino de una imposición colonial, quizás mediada por la esclavización de poblaciones africanas o, más tarde, por prescripciones médicas del siglo XIX que la ciencia europea y norteamericana recomendaba para supuestas afecciones femeninas. Una investigación de la Universidad de los Andes, citada por el medio, confirma que no existe consenso académico sobre el origen. Lo que sí existe, según las declaraciones atribuidas por Cambio a la misma Domico, es convicción de que la práctica “fue impuesta” y que “en ningún momento ha sido parte de nuestra cultura original”. La cita, atribuida explícitamente, altera el tablero: no estamos ante el conflicto clásico entre modernidad y tradición, sino ante la recuperación de una autenticidad cultural que la violencia colonial habría distorsionado.
La respuesta legislativa, en ese contexto, resulta notable. Según Cambio, algunos sectores proponían sanciones punitivas contra las mujeres que practican la ablación. Las lideresas emberá se opusieron: “Si encarcelamos a las mujeres, destruimos la comunidad”. El argumento es pragmático y profundo. Según explicó Domico al medio, son ellas quienes transmiten la lengua, los saberes, la vida cultural. El castigo sin transformación habría replicado el patrón que Karl Popper identificaba como peligroso en la ingeniería social utópica: sacrificar los medios vivientes en nombre de fines abstractos. La ley final optó por la educación, la salud, el acompañamiento, y por una estrategia de resocialización en la que las mujeres que abandonan la práctica se convierten en pedagogas para otras comunidades. Es un diseño que Tocqueville habría reconocido: el cambio sostenido emerge de las asociaciones intermedias, no de la torre de control estatal.
Sin embargo, la prueba real comienza ahora. Colombia acumula una larga lista de leyes ambiciosas que naufragaron en la implementación. La ley de víctimas, la de tierras, la de consulta previa, la de protección a líderes sociales: todas comparten un rasgo común, que la geografía y la historia del país agravan. El Estado llega tarde, mal o nunca. La Ley Niñas Sin Ablación exige presencia institucional en territorios donde, según los propios testimonios recogidos por Cambio, no había presupuesto ni presencia estatal durante años de lucha. Exige coordinar salud, educación, justicia y autoridades indígenas sin caer ni en la imposición burocrática ni en la abdicación cultural. Es decir, exige exactamente lo que el aparato estatal colombiano peor ejecuta: gobernar con eficacia donde la montaña y el río dificultan cada paso.
No estamos, entonces, ante un dilema entre el multiculturalismo y los derechos humanos. Estamos ante una prueba de coherencia institucional. Si defendemos la igualdad formal de las niñas, debemos aceptar que esa igualdad no puede ser selectiva: no vale para las niñas de Bogotá si no vale para las de Pueblo Rico. Si defendemos la autonomía étnica, debemos aceptar que esta encuentra sus límites donde comienza la violencia contra cuerpos que no pueden consentir. Las lideresas emberá, citadas por Cambio, fueron claras: “No es un tema emberá, es de todas las mujeres”. Y es, agregaría, de todos los colombianos, en la medida en que la res publica se define por el cuidado de lo que es de todos y de nadie en particular.
La ley está. Las mujeres que la impulsaron hicieron la parte más difícil: nombrar lo innombrable, organizar lo invisible, persuadir lo reacio. Ahora le corresponde al Estado demostrar que la norma no es, una vez más, un gesto simbólico que se disuelve en la distancia entre el Capitolio y el río Atrato. O, como dijera Claudia Peragamo en el reportaje de Cambio, que nadie más tenga que sentir que “nadie sabe el dolor que vive una niña”.
Fuente: Cambio