El sismo de magnitud 7,1 registrado en la isla de Kyushu, que dejó personas atrapadas en un centro comercial y activó protocolos de emergencia inmediatos, no es solo una noticia de coyuntura para Japón. Para Colombia y la región andina, este evento funciona como un espejo incómodo que refleja nuestras propias vulnerabilidades estructurales e institucionales. Mientras Tokio demuestra que la resiliencia es el resultado de décadas de inversión en códigos de construcción, sistemas de alerta temprana y cultura ciudadana, en el eje Bogotá-Brasilia-Washington seguimos debatiendo si la gestión del riesgo es un gasto suntuario o una prioridad de seguridad nacional.
La infraestructura como variable de seguridad
La diferencia fundamental entre la respuesta japonesa y la andina no radica en la magnitud del evento telúrico, sino en la calidad institucional previa al desastre. Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico al igual que Colombia, ha internalizado el riesgo sísmico en su planificación urbana y económica. Según datos del Banco Mundial, la inversión en infraestructura resiliente en economías avanzadas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) reduce las pérdidas económicas post-desastre en un promedio del 40% frente a países con marcos regulatorios laxos.
En Colombia, la situación es distinta. A pesar de contar con la Ley 1523 de 2012 y un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres técnicamente robusto en el papel, la ejecución territorial sigue siendo heterogénea y dependiente de la voluntad política local. La tragedia de Mocoa en 2017 o los recurrentes deslizamientos en la vía Panamericana no son accidentes; son la manifestación de una deuda acumulada en ordenamiento territorial y cumplimiento de normas sismo-resistentes. Cuando un centro comercial en Kyushu resiste un sismo 7,1 con daños contenidos, y construcciones similares en zonas de amenaza alta en los Andes colapsan ante eventos menores, el problema deja de ser geológico para convertirse en un fallo de gobernanza y supervisión estatal.
El costo fiscal de la improvisación
Desde una perspectiva macroeconómica, la falta de resiliencia tiene un precio que pagan todos los contribuyentes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha documentado reiteradamente que los desastres naturales en la región andina generan impactos fiscales regresivos, desviando recursos de inversión social y productiva hacia la reconstrucción de emergencia. Cada vez que un municipio andino debe ser reconstruido tras un sismo o una inundación evitable, se erosionan las finanzas públicas y se ahuyenta la inversión privada, que busca predictibilidad y seguridad jurídica.
El modelo japonés demuestra que la prevención es, en esencia, una política pro-mercado y pro-desarrollo. Al garantizar que la infraestructura crítica —hospitales, vías, redes eléctricas y centros comerciales— mantenga su funcionalidad tras un evento extremo, se protege la cadena de valor y se evita la paralización económica prolongada. En contraste, la región andina sigue operando bajo una lógica reactiva donde la “solidaridad” post-desastre sustituye a la planificación técnica. Esta dinámica no solo es fiscalmente insostenible, sino que perpetúa círculos de pobreza en las zonas más expuestas, donde la informalidad en la construcción es la norma y no la excepción.
Lecciones para la cooperación hemisférica
Este sismo también debe replantear la agenda de cooperación internacional de Colombia. Si bien la relación con Washington y Bruselas se ha centrado históricamente en seguridad y comercio, la transferencia tecnológica en gestión de riesgos y adaptación climática debería escalar en prioridad. Japón, como socio estratégico en el Pacífico, ofrece un modelo de cooperación sur-sur y norte-sur que va más allá de la ayuda humanitaria reactiva. Programas de fortalecimiento de códigos de construcción, modernización de redes de monitoreo sismológico y capacitación técnica para autoridades locales tendrían un retorno de inversión social y económico superior a muchos proyectos de infraestructura tradicional.
Para un gobierno que aspira a proyectar estabilidad y atraer capitales, la resiliencia ante desastres naturales es un indicador de madurez institucional tan relevante como la inflación o el déficit fiscal. El terremoto de Kyushu nos recuerda que la naturaleza no negocia, pero los Estados sí pueden decidir cuánto están dispuestos a invertir para mitigar su impacto. En la región andina, seguir ignorando esta lección no es un acto de soberanía, sino de negligencia administrativa con consecuencias humanas y económicas cada vez más costosas. La pregunta no es si ocurrirá el próximo gran sismo en nuestros Andes, sino si para cuando llegue, habremos hecho la tarea que Japón completó hace medio siglo.