La tarde de este miércoles, dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el territorio venezolano, generando alarma en Caracas y daños estructurales visibles, según reportó BBC Mundo. Más allá de la tragedia humana inmediata, este evento funciona como un recordatorio de la interdependencia física y política en la región andina. Para Colombia, un terremoto de esta escala en el país vecino no es solo una noticia de desastre natural; es un escenario de estrés para nuestra propia seguridad nacional, nuestra infraestructura de integración y nuestra capacidad de respuesta diplomática.
La asimetría en la gestión del riesgo
Desde una perspectiva técnica y económica, la vulnerabilidad sísmica se multiplica cuando se combina con la debilidad institucional. Según los estándares del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo de los desastres naturales en países con baja gobernanza tiende a ser exponencialmente mayor que en aquellos con marcos regulatorios sólidos. Mientras Colombia ha avanzado en códigos de construcción sismo-resistentes y sistemas de alerta temprana bajo la supervisión del Servicio Geológico Colombiano, la opacidad en la gestión estatal venezolana impide evaluar con precisión la resiliencia real de su infraestructura crítica.
Esta asimetría genera un riesgo directo para la cuenca binacional. Si bien los epicentros recientes se ubicaron en territorio venezolano, la placa tectónica compartida y la proximidad de centros poblados en la frontera colombiana exigen una coordinación técnica que hoy luce insuficiente. La falta de intercambio de datos en tiempo real entre servicios geológicos no es un problema burocrático menor; es una falla de seguridad hemisférica. En un contexto de cadenas de suministro integradas, la incapacidad de un Estado para garantizar la integridad de sus vías y puertos tras un sismo se traduce en costos logísticos y primas de riesgo que terminan pagando los actores económicos formales de toda la subregión.
Soberanía versus responsabilidad regional
El debate sobre la ayuda humanitaria tras desastres naturales en regímenes autoritarios suele polarizarse entre el respeto irrestricto a la soberanía y la intervención externa. Mi posición, escéptica ante ambas posturas cuando son dogmáticas, se ajusta a una realidad pragmática: la soberanía no puede ser un escudo para la negligencia estatal, pero la ayuda externa no debe ser un vehículo para la legitimación política de quien la recibe ni para el proselitismo de quien la ofrece.
En este caso, la respuesta de Washington y Bogotá debería ser técnica y despolitizada, pero firme en sus condicionamientos. Ofrecer asistencia en evaluación de daños o logística de emergencia es un imperativo moral y de vecindad; sin embargo, hacerlo sin verificar que los recursos lleguen a la población civil y no sean desviados por redes de corrupción sería un error estratégico. La experiencia de mecanismos como los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) demuestra que es posible canalizar ayuda a través de terceros técnicos cuando la confianza en el gobierno receptor está rota.
Para Colombia, esto implica activar protocolos de cooperación civil-militar que prioricen la estabilidad fronteriza sin conceder réditos políticos al régimen de Nicolás Maduro. La Fuerza Pública colombiana tiene la capacidad y la doctrina para asistir en emergencias complejas; utilizar esa capacidad de manera profesional refuerza nuestro rol como actor responsable en el hemisferio, alineado con los estándares atlantistas de seguridad y gobernanza democrática.
El costo de la inacción preventiva
Las proyecciones de reaseguradoras internacionales y organismos multilaterales sugieren que la región andina enfrenta un déficit de aseguramiento contra desastres que podría superar los 20.000 millones de dólares en exposición no cubierta, según estimaciones del sector asegurador regional. En Venezuela, donde el mercado de seguros ha colapsado junto con la moneda, ese déficit es prácticamente total. Esto significa que cualquier reconstrucción dependerá de flujos externos o de emisión monetaria, ambas opciones con efectos de contagio sobre la economía colombiana a través de la migración, el comercio informal y la presión sobre los servicios públicos fronterizos.
No podemos controlar la tectónica de placas, pero sí podemos exigir que la gestión del riesgo sea un componente no negociable de la relación bilateral. La Bitácora ha defendido siempre el comercio y la integración como motores de prosperidad; hoy debemos añadir que sin instituciones funcionales y transparencia en la gestión pública, la integración es solo un canal de transmisión de crisis. Los sismos de este miércoles son una advertencia: la estabilidad andina depende de que Venezuela recupere la capacidad estatal básica para proteger a sus ciudadanos y a sus vecinos.