El movimiento telúrico de magnitud 7,1 registrado este miércoles en la costa central de Venezuela no solo sacudió físicamente a seis ciudades colombianas, sino que reactivó una verdad geopolítica que a menudo ignoramos en el análisis hemisférico: la interdependencia física de la región andina y caribeña no entiende de fronteras políticas ni de alineaciones ideológicas. Que las ondas sísmicas viajaran con tal intensidad hasta Bucaramanga, Bogotá y Medellín, debido a la poca profundidad del epicentro en Morón, es un recordatorio técnico de que nuestra placa tectónica es compartida. Sin embargo, la verdadera lección para Colombia no es geológica, sino institucional.
Mientras en Colombia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) activaron protocolos de verificación y descartaron amenazas de tsunami con base en evaluaciones técnicas coordinadas, en Venezuela la respuesta estuvo mediada por la opacidad y la centralización política. La confirmación de daños estructurales y cortes de gas llegó a través de declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y no mediante boletines técnicos independientes. Esta asimetría en la gestión de crisis es tan peligrosa como el sismo mismo.
La infraestructura como espejo del Estado
Los reportes sobre colapsos en edificaciones de Altamira y San Bernardino, sumados a las graves afectaciones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, no pueden desligarse de una década de deterioro en la inversión pública y la ausencia de mantenimiento preventivo en el país vecino. En economía institucional, sabemos que la resiliencia ante desastres naturales es una función directa de la calidad de las instituciones y del estado de derecho. Un edificio que cae en Caracas por falta de inspección es el resultado físico de la misma erosión que ha debilitado los contrapesos democráticos.
Para Colombia, esto tiene implicaciones prácticas inmediatas. La conectividad aérea regional depende de nodos como Maiquetía. Si la infraestructura crítica venezolana falla ante un evento previsible, la presión logística y humanitaria se desplaza hacia Cúcuta, Maicao y Arauca. No estamos hablando de solidaridad abstracta, sino de gestión de riesgos transfronterizos. La estabilidad de nuestra frontera oriental está atada a la capacidad funcional del Estado venezolano, no a sus discursos.
Cooperación técnica sin condicionamientos políticos
Este evento debe servir para replantear la cooperación binacional en gestión de riesgos bajo un marco estrictamente técnico y apolítico. La historia reciente muestra que los sismos venezolanos impactan a Colombia con regularidad; el antecedente de agosto de 2018, de magnitud 7,2, obligó a cerrar El Dorado para verificaciones. Es evidente que necesitamos canales de comunicación operativa entre el Servicio Geológico Colombiano y sus pares venezolanos que funcionen independientemente de la coyuntura diplomática.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la seguridad física es un bien público regional. Los socios internacionales de Colombia, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, deberían considerar el fortalecimiento de la resiliencia sísmica en la cuenca del Caribe como un componente de seguridad hemisférica. No se trata de intervenir en soberanías ajenas, sino de reconocer que un desastre mal gestionado en un país vecino genera externalidades negativas —migratorias, comerciales y sanitarias— que terminamos pagando todos.
La sobriedad con la que las autoridades colombianas manejaron la alerta contrasta con la incertidumbre informativa del lado venezolano. Esa diferencia es nuestro activo más valioso. Mantener y fortalecer esa capacidad técnica, blindándola de cualquier tentación populista o instrumentalización política, es la mejor defensa que tenemos. El sismo pasará, pero la necesidad de instituciones sólidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la continuidad de la infraestructura crítica permanecerá como la verdadera réplica de este evento.